Madrid sería la región más beneficiada si el principio de la ordinalidad se utilizara en el financiamiento regional

Como estratos geológicos, la actualidad va arrollando y depositando una noticia sobre otra. El caso Montoro sepulta la petición de prisión para González Amador que a su vez se superpuso sobre los sucesos de Torre Pacheco... La semana pasada arrancaba con el acuerdo de la comisión bilateral Estado-Generalitat que sentaba las bases de un futuro modelo de financiación singular para Cataluña, un asunto, no obstante, que seguro volverá a emerger en esa constante sedimentación de capas a un vertiginoso ritmo.
En ese debate emergió un concepto, el principio de ordinalidad, rodeado de polémica. Lo que establece ese principio, al que aspiraba Esquerra Republicana de Catalunya en su acuerdo con el PSC en verano de 2024 para la investidura de Salvador Illa y que se menciona en el preámbulo del documento ahora firmado en la comisión bilateral, es que una comunidad tiene que tener la misma posición en la clasificación de autonomías que más aportan al sistema y entre las que más reciben. Las desigualdades entre comunidades se compensarían con la aportación de una cuota de solidaridad, pero que en cualquier caso no debería alterar las posiciones si se atiende a la ordinalidad.
La aplicación de ese criterio beneficiaría a Cataluña. Pero no sería la única comunidad que se vería favorecida. De hecho, la región que más se beneficiaría sería la Comunidad de Madrid. Así lo hace notar el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha, que ha comparado el ranking de recaudación por IRPF en los distintos territorios con el de transferencias de fondos de financiación autonómica que reciben.
De dicha comparación resulta que Madrid, comunidad que más recauda pero que menos recibe por habitante de esos fondos, sería la mejor parada. Actualmente, hay una diferencia de hasta 17 posiciones entre una y otra lista para la Comunidad de Madrid. Las otras dos autonomías que se consideran financiadoras netas, es decir que aportan más de lo que reciben al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, Baleares y Cataluña, serían, en ese orden, las siguientes más favorecidas. En concreto para Baleares se corregirían 10 posiciones (es la sexta que más recauda y la 16 en transferencias recibidas) y para Cataluña, nueve posiciones (segunda que más recauda y undécima en transferencias recibidas). También se verían beneficiadas, en menor medida, Aragón y la Comunidad Valenciana.
El resto de comunidades del régimen común se verían perjudicadas. Particularmente desfavorecidas serían Extremadura, decimocuarta comunidad autónoma en recaudación y quinta en recepción de transferencias; Canarias, décima en recaudación, segunda en transferencias, y Asturias, decimotercera y octava, en cada una de las dos clasificaciones.
"La mayor diferencia entre recaudación y transferencias se da en Madrid", detalla José María Mollinedo, secretario general de Gestha. "Recauda mucho más que el resto de las comunidades autónomas porque la mayoría de las grandes fortunas tienen allí su sede y lógicamente es la que acumula mayor beneficio por el que se tributa".
Mollinedo recuerda, no obstante que la Administración General del Estado no asume expresamente el principio de ordinalidad en el acuerdo que se firmó el pasado lunes. "Este nuevo modelo no puede olvidar la necesidad de que Cataluña aporte a los gastos del Estado ni la de contribuir de forma solidaria al bienestar de los ciudadanos de las otras comunidades autónomas", se lee en el documento. "Por ello, dado que Cataluña se sitúa entre las comunidades autónomas con mayores recursos per cápita, una parte de sus recursos debe contribuir a esta mejora, a través de la aportación a la solidaridad. Cataluña considera que esta aportación debe ser calculada, de manera transparente, con criterios objetivos y es condición necesaria que su aplicación no desvirtúe el principio de ordinalidad en el resultado final". Es la única alusión a la ordinalidad en las seis páginas del texto.
Desde Gestha se entiende, además, que "la actual crispación política" complicará la negociación de un nuevo modelo de financiación. "El Gobierno de España tendrá que emplearse en una intensa negociación multilateral para acordar el cambio del modelo de financiación autonómica, realizar un diseño impecable de las modificaciones legales necesarias para ceder la gestión del IRPF sin tacha de inconstitucionalidad y recabar los apoyos parlamentarios para su aprobación", aventuran.
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