Los dispositivos de radar fino se encuentran en estas áreas de España.
El destello de un flash en la carretera o la llegada de una notificación a nuestro buzón son dos de las experiencias más temidas por los conductores en España. Los radares de velocidad, o cinemómetros, son dispositivos omnipresentes en la red vial española, gestionados principalmente por la Dirección General de Tráfico (DGT), pero también por autoridades autonómicas como el Servei Català de Trànsit en Cataluña o Trafikoa en el País Vasco. Su objetivo oficial es claro: reducir la siniestralidad en los puntos de mayor riesgo. Sin embargo, para millones de conductores, su ubicación y actividad a menudo generan un intenso debate sobre si su finalidad principal es la seguridad o la recaudación.
Aunque la DGT publica la ubicación de sus radares fijos, los datos sobre cuáles son los más "productivos" provienen habitualmente de análisis realizados por asociaciones de automovilistas y empresas especializadas, que recopilan y cruzan datos de multas. Estos informes revelan año tras año un patrón geográfico muy definido, concentrando la mayor parte de las sanciones en áreas con un altísimo volumen de tráfico, ya sea por motivos laborales, vacacionales o por ser nudos de comunicación clave. Conocer estas zonas no solo sirve para evitar una multa, sino también para comprender la lógica detrás de su instalación y, en última instancia, para fomentar una conducción más prudente y atenta a la señalización.
El mapa de los radares más 'productivos'
Andalucía, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana se reparten de manera consistente el podio de las regiones con los radares que más multas imponen. No es una coincidencia, ya que estas comunidades combinan una alta densidad de población, una red de carreteras que soporta millones de desplazamientos diarios y son destinos turísticos de primer nivel.
En Andalucía, la provincia de Cádiz suele liderar el ranking nacional con un radar específico: el situado en el kilómetro 37,5 de la A-381, conocida como la autovía Jerez-Los Barrios. Su altísima actividad se explica por ser una vía de conexión fundamental con el Campo de Gibraltar. Le siguen de cerca varios puntos en la provincia de Málaga, especialmente en la A-7, una autovía que recorre la Costa del Sol y que soporta un tráfico intenso durante todo el año, multiplicándose en verano.
La Comunidad de Madrid es otro punto caliente. La capital y su área metropolitana son un hervidero de vehículos, y los radares de las autovías de circunvalación, como la M-40, y de las radiales de acceso (A-1, A-2, A-6) figuran siempre entre los más activos de España. El gran volumen de desplazamientos diarios hace que cualquier pequeño exceso de velocidad, repetido por miles de vehículos, se traduzca en cifras de sanciones millonarias.
Por su parte, la Comunidad Valenciana destaca por los radares ubicados en la AP-7 y la A-7. Al igual que en Andalucía, el factor turístico es determinante. Estas vías canalizan el tráfico que se dirige a las playas y localidades costeras, y muchos conductores, a menudo relajados por el ambiente vacacional, descuidan el velocímetro en tramos rectos y con buena visibilidad, convirtiéndose en un blanco fácil para los cinemómetros.
No solo fijos: la diversificación de la vigilancia
El concepto tradicional del radar como una caja gris en el arcén ha quedado obsoleto. La DGT ha diversificado enormemente sus sistemas de control para hacerlos más eficaces y difíciles de eludir. Entender esta variedad es crucial para evitar sorpresas.
El radar de tramo es uno de los más efectivos. En lugar de medir la velocidad en un punto concreto, calcula la velocidad media de un vehículo entre dos puntos, a veces separados por varios kilómetros. Esto anula la táctica de frenar bruscamente justo antes del radar y acelerar después. Se suelen instalar en túneles, viaductos o tramos de especial peligrosidad.
Los radares móviles son la herramienta más impredecible. Pueden estar instalados en vehículos camuflados de la Guardia Civil, en coches patrulla rotulados o incluso en trípodes operados por agentes en puntos estratégicos y temporales. Su gran ventaja es el factor sorpresa. Dentro de esta categoría, los pequeños y versátiles Velolaser se han convertido en una pesadilla para muchos, ya que su reducido tamaño permite ocultarlos en guardarraíles, señales o vehículos con una discreción casi total.
Además, la vigilancia se ha extendido más allá de la velocidad. Cámaras en semáforos para multar a quienes se los saltan en rojo o los nuevos dispositivos capaces de detectar si el conductor usa el teléfono móvil o si los ocupantes no llevan puesto el cinturón de seguridad completan un ecosistema de control cada vez más sofisticado y tecnológico.
Seguridad vial versus afán recaudatorio: el eterno debate
La DGT y las demás autoridades de tráfico defienden firmemente que la ubicación de cada radar responde a criterios técnicos de seguridad. Se instalan en "puntos negros" o Tramos de Concentración de Accidentes (TCA), donde un control estricto de la velocidad ha demostrado ser eficaz para reducir el número de siniestros y su gravedad. Desde esta perspectiva, la multa es la consecuencia de una infracción que ponía en riesgo la seguridad de todos.
Sin embargo, desde el lado de los conductores y diversas asociaciones, la percepción es a menudo muy distinta. Se critica que muchos de los radares más "multones" no están en los tramos más peligrosos, sino en largas rectas de autovías con excelente visibilidad o justo antes de un cambio de límite de velocidad, donde es fácil despistarse. Esta visión alimenta la idea del "afán recaudatorio", sugiriendo que el objetivo principal de algunos dispositivos es engrosar las arcas públicas.
El debate, probablemente, nunca tendrá una conclusión unánime. Lo que es innegable es que la mejor y única estrategia infalible para un conductor es la prevención. Respetar los límites de velocidad indicados en la señalización, aumentar la atención en las zonas de riesgo conocidas y utilizar las alertas legales de los sistemas de navegación GPS son las herramientas más eficaces para garantizar un viaje seguro y libre de sanciones. Al final, más allá de la polémica, el objetivo compartido por todos debería ser siempre llegar sano y salvo al destino.
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