"Es un problema emitido hace tres años"
"Es un asunto archivado hace tres años. Ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido reabrirlo. Es toda la información que tengo". Con esas escuetas palabras se ha referido hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la imputación de dos ex altos cargos de su Gobierno, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, en relación con los protocolos que restringieron el traslado a hospitales de pacientes de covid desde residencias de mayores durante los primeros meses de la pandemia.
Ha sido en respuesta a preguntas de los periodistas durante su vista a las obras de un futuro centro de salud en Pozuelo de Alarcón. Ayuso no ha hecho más declaraciones al respecto, si bien su consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, sí ha sido más explícito. García Martín ha insistido este viernes en que "los intentos de la izquierda de enfangar" acaban en "nada", según declaraciones recogidas por Europa Press.
Sin entrar a este caso concreto por no haber "tenido la ocasión todavía de valorar esta cuestión", Martín ha asegurado que "todas las cuestiones que han sido llevadas a los tribunales", han sido archivadas una vez pasado el proceso de instrucción, que es en el que se encuentran Mur y Peromingo. "Insisto lo más importante es que todos y cada uno de los intentos de la izquierda y de la ultraizquierda de enfangar el terreno de juego han acabado en nada", ha comentado.
El consejero ha incidido en que los tribunales "han acabado diciendo" que los profesionales sanitarios de la pandemia "lo hicieron bien". Además, se ha escudado en que el Gobierno regional se puso "a disposición de la sociedad para combatir una pandemia que fue mundial".
El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha citado este lunes 26 de mayo como imputados a los principales responsables de los protocolos que se establecieron durante la pandemia del covid en relación con las residencias de ancianos, informan Ángeles Vázquez y Tono Calleja, de El Periódico, del grupo Prensa Ibérica. Se trata de Carlos Mur, que era director de Coordinación Sociosanitaria en marzo de 2020 y de Francisco Javier Martínez Peromingo, coordinador del llamado protocolo técnico que complementaba el firmado por el anterior y que impidió el traslado de mayores con problemas de movilidad o deterioro cognitivo a los hospitales, saturados por los casos de coronavirus, y que sustituyo a Mur en el cargo en mayo de ese año.
El juzgado decidió reabrir el pasado 1 de abril, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, una causa que se había archivado provisionalmente casi tres años antes. El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado.
En el entorno de la presidenta madrileña se subraya el perfil progresista de la titular del juzgado de Instrucción número 3, Isabel Durántez, miembro de la asociación Jueces para la Democracia y que fue directora general de la Marina Mercante en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Previamente había sido jueza del juzgado de Instrucción número 1 de Vigo y directora general de Interior de la Consejería de Presidencia de la Xunta con Emilio Pérez Touriño.
El asunto es un foco de erosión permanente para Ayuso. El pasado marzo, cuando se cumplían cinco años del estallido de la pandemia y la declaración del estado de alarma y el confinamiento, y en plena refriega política por la gestión en las residencias durante aquellos días, el Ejecutivo difundió un dosier en el que negaba la existencia de "protocolos firmados por políticos" para impedir la derivación hospitalaria de pacientes de covid ingresados en residencias de mayores además de rebajar el número de fallecidos en residencias de 7.291 a 4.100."Madrid fue la primera en proteger a nuestros mayores", declaró entonces la presidenta de la Comunidad en una declaración institucional grabada en vídeo.
"La presidenta más cruel"
La oposición regional no ha tardado en reaccionar a la noticia de la imputación de Mur y Peromingo. Desde Más Madrid, entretanto, se apunta directamente hacia la presidenta de la Comunidad. "Gracias a la persistencia de las asociaciones hoy se da un paso fundamental para que los responsables den la cara ante los tribunales y las víctimas obtengan verdad y justicia", ha señalado la portavoz regional del partido, Manuela Bergerot. "Fueron 7.291 y solo pasó en Madrid", ha añadido. Las familias, a las que considera un ejemplo de "perseverancia y dignidad", son el espejo, ha dicho, en que se mira "la presidenta más cruel".
A juicio de Bergerot, los protocolos por los que se imputa a Mur y Peromingo establecieron "quién podía morir dignamente" y quién debía morir "sin atención hospitalaria, asfixiado y sin medicación para el dolor". Por ello ha añadido, tendrá que rendir cuentas "hasta la última responsable, que se llama Isabel Díaz Ayuso.
También el secretario general del PSOE de Madrid y ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha demandado "explicaciones" a Ayuso en un vídeo remitido a los medios tras conocerse la noticia. Tras afirmar que la justicia ha abierto hoy "un rayo de esperanza" para las familias de las 7.291 víctimas para investigar los llamados "protocolos de la vergüenza", ha subrayado que "la Comunidad de Madrid y la señora Ayuso tendrán que dar explicaciones".
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