ENERGÍA NUCLEAR | Madrid presiona al Gobierno para retrasar el cierre nuclear: el 40% de la electricidad de la región procede de Almaraz y Trillo
Entre los asuntos, numerosos, que enfrentan a la Comunidad de Madrid con el Gobierno central surge recurrentemente el de la política energética. El Ejecutivo de Ayuso acusa al de Sánchez de cercenar con su planificación eléctrica proyectos industriales en la región, singularmente en el sector de los centros de datos, y abandera la protesta contra el calendario de cierre de las centrales nucleares.
Desde la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior se vuelve ahora a la carga. El departamento que dirige Carlos Novillo ha elaborado un informe sobre la situación energética en la región. Un documento que sirve a Sol para volver a reclamar un aplazamiento del cierre de las centrales nucleares, singularmente la de Almaraz, en la provincia de Cáceres, uno de cuyos dos reactores se prevé desactivar en noviembre de 2027 y el otro en la misma fecha de 2028.
Según las cifras que manejan en el Gobierno regional, hasta el 40% del suministro eléctrico de la región procede de las centrales nucleares de Almaraz, en Extremadura, y Trillo, en Guadalajara, la última en cesar su actividad, en 2035, de acuerdo con el calendario pactado en 2019 pero que ahora el sector demanda revisar. La cifra es significativamente superior al 20% que la nuclear aportó al mix energético nacional en 2024, de acuerdo con datos de Red Eléctrica Española.
La Comunidad se alinea con las tesis de que la nuclear no es solo un componente "imprescindible" en el total de generación eléctrica, sino que también desempeña un papel determinante como energía de respaldo para aportar estabilidad al sistema. "Hoy por hoy, y probablemente durante los próximos 15 años, no hay alternativa a las nucleares como suministrador de energía de respaldo en Madrid y en toda España", señalaba este miércoles Novillo. "Depender del gas elevaría en España la factura en un 30% y significaría la emisión de 22 toneladas anuales de CO2, mientras que el almacenamiento de energía renovable previsto en el PNIEC [Plan Nacional Integrado de Energía y Clima] Él no está allí ni se lo espera.".
En la Consejería de Medio Ambiente madrileña estiman que en las actuales condiciones el apagón nuclear elevaría la factura eléctrica de los hogares en un 23%, la de la industria en un 35% y la del sector servicios en el entorno de un 20%. Desde el departamento se envió la semana pasada una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, instando a que el Consejo de Seguridad Nuclear se pronuncie cuanto antes sobre la solicitud de prórroga de tres años para Almaraz solicitada por las compañías eléctricas.
El otro foco de preocupación en relación con el suministro en la región está en la Propuesta de Planificación Eléctrica con horizonte 2030. Dicha propuesta, aseguran en la Comunidad de Madrid, no cubre la falta de redes y nodos en subestaciones colapsadas ya al 80%, según manifestó la patronal Aelec hace unos meses, y deja fuera "posiciones esenciales" para el desarrollo en la región de unos 200 proyectos industriales. Se apunta especialmente a centros de procesamiento de datos vinculados a la expansión de la digitalización y el crecimiento de la inteligencia artificial.
Pero la inquietud se extiende especialmente a cómo la propuesta pueda afectar a los desarrollos urbanísticos en marcha en la región. Mantiene la Comunidad de Madrid que, en su actual formulación, el plan no toma en consideración hasta 116.000 nuevas viviendas previstas en los llamados desarrollos del Sureste: Valdecarros, Los Berrocales, Los Ahijones, Los Cerros y El Cañaveral.
Novillo se reunió en septiembre del año pasado con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, para abordar este asunto y afirma que en esa reunión se le garantizó que las consideraciones en torno a esas 116.000 viviendas se incorporarían para que no quedara comprometida su construcción. "Esas alegaciones se presentaron y a día de hoy seguimos sin respuesta por parte del Ministerio, sin publicar ese decreto que lleva más de un año de retraso para poder conocer cuál va a ser la inversión en redes de transporte que puedan dar algo de solución al problema que tenemos. No vamos a aceptar que se ponga en riesgo ni una sola vivienda, y menos en el momento de crisis que estamos sufriendo en España y en Madrid", manifiesta el consejero madrileño.
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