El juez de los delitos presupuestarios de la pareja de Ayuso puede acceder a los escritos en los que su abogado admitió el fraude
El giro copernicano del caso González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, no fue una improvisación. Siempre, en función de la marcha del caso, su defensa dejó abierta para abrir esa puerta. Porque González Amador, desde la apertura de la investigación judicial, en marzo de 2024, no había declarado sobre los delitos fiscales. Se negó a hacerlo ante la jueza Inmaculada Iglesias cuando le interrogó sobre ellos.
Por tanto, se guardó, si se quiere, el as en la manga de declararse inocente y culpar a su abogado y ex alto cargo de Hacienda, Carlos Neira, de la aceptación de los dos delitos y de la elaboración de una propuesta de conformidad con la Fiscalía de Madrid, una propuesta que siempre, habiendo una denuncia penal de delito fiscal, se tiene que llevar adelante en un juzgado. Con todo, habrá que ver lo que da de sí ese as.
En la superficie, el giro espectacular de González Amador consiste en cuestionar la actuación de su abogado, y poner en solfa la autorización que le dio, según Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, para filtrar la noche del 13 de marzo de 2024 un correo del 12 de marzo de 2024 -primera filtración en el caso- enviado por el fiscal Julián Salto, encargado de la de la denuncia, a Alberto González Amador.
Ya hemos apuntado que ello permite a Díaz Ayuso seguir adelante con su versión.
Porque si González Amador no sabía nada de que su abogado iba a aceptar delitos fiscales es que, en realidad, él no acepta haberlos cometido. Por tanto, su pareja puede seguir con la fábula de la multa y aquí no hay más que un Gobierno interesado en agigantar el asunto para mancharla.
Pero hay consecuencias. Las negociaciones entre el abogado que defiende a una persona acusada de cometer delito fiscal y la Fiscalía para alcanzar un acuerdo son de carácter reservado. ¿Qué pasa si no se alcanza ese pacto? Es como si tales comunicaciones no hubieran existido. Y no pueden incorporarse al procedimiento.
En su declaración del pasado viernes 23 de mayo en el Tribunal Supremo, González Amador ha decidido hablar sobre una materia que corresponde al juzgado 19 de Madrid. El juez Hurtado, tan puntilloso, un Sherlock Holmes del célebre correo del 2 de febrero de 2024, no le dijo lo que un juez suele decir: no siga por ahí, eso es objeto de otra causa en otro juzgado. No. Le pareció normal que siguiera por ahí.
Pero es lo que hay. La jueza Iglesias, que no ha podido tomar declaración hasta ahora sobre ese tema -los dos delitos fiscales- porque González Amador se inventó una excusa procesal: primero investigar sus negocios con el grupo sanitario Quirón y después, a la vista del resultado, abordar los delitos fiscales.
Pues ahora resulta que la jueza Iglesias sabe que González Amador ha declarado sobre los delitos fiscales ante el juez Hurtado.
Deducción de testimonio
Puede, por tanto, tener acceso a esa declaración mediante una petición a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que se llama “deducción de testimonio”. O pueden solicitarlo las partes, a saber, que se le envíe al juzgado 19 de Madrid la declaración de González Amador.
¿Adónde nos lleva esto? A que en esta ocasión, el correo y la propuesta de ocho folios de Neira pueden ser incorporados a la causa que se investiga en el juzgado 19 de Madrid.
¿Quiénes conocieron que González Amador era un presunto de defraudador fiscal? La Agencia Tributaria primero. Segundo, la Fiscalía de Madrid, que recibió el expediente para presentar denuncia por dos delitos fiscales, y Neira. Acto seguido, Neira envió un correo y una propuesta de pacto de conformidad a la Fiscalía de Madrid. Este pacto es objeto de negociaciones pero estas siempre, tratándose de delitos fiscales (cuota defraudada superior a 120.000 euros anuales), aterrizan en un juzgado de lo penal, ante una jueza o un juez. Bien para firmar el acuerdo, bien para ir a juicio. Neira, al reconocer los delitos fiscales, estaba considerando a González Amador “defraudador confeso”.
González Amador, a través de su abogada Yolanda Sánchez, ha demandado por delito contra el honor a la vicepresidenta María Jesús Montero precisamente por sus declaraciones contra él por llamarle “delincuente confeso”. Dicha demanda por la que la pareja de Ayuso exige una compensación de 40.000 euros es una de entre media docena en la cual también está el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien exige 100.000 euros.
Pero Yolanda Sánchez no ha demandado al abogado Neira, el primero en considerar “defraudador confeso” a González Amador, al elaborar esa confesión y hacerla llegar a la Fiscalía de Madrid.
La pareja de Ayuso dijo que “no” a la pregunta del juez Hurtado en el sentido de si había perdido su confianza en Neira pese al daño reputacional que ello ha supuesto para él.
Te declara autor de dos delitos fiscales, uno de falsificación de facturas (son 16 por 1,7 millones de euros), dice que vas a pagar 520.000 euros por los delitos (40% multa más intereses) y así no cumplir pena de prisión (8 meses o 4 por cada delito) y no has perdido la confianza en tu abogado. Es extraordinario, majo, lo bien que explicas, que diría nuestro famoso Eugenio.
Nota a pie de página. La representación del Colegio de Madrid en la declaración de González Amador -la entidad fue la primera en denunciar al Fiscal General del Estado por la filtración- no hizo una sola pregunta al escuchar de boca de la pareja de Ayuso que su abogado, Neira, había actuado a sus espaldas.
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