Desmantelan una red que defraudó 300 millones en IVA con hidrocarburos
Agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria han desarticulado en Madrid y Ávila una organización criminal presuntamente responsable de uno de los mayores fraudes de IVA detectados en el comercio de hidrocarburos, en un entramado que habría defraudado cerca de 300 millones de euros entre los años 2023 y 2024.
En este operativo, se han detenido a ocho personas y se ha tomado declaración en calidad de investigadas a otras diez. A los arrestados se les imputan delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal, además de tenencia ilícita de armas a uno de los presuntos líderes.
Nueve registros
El operativo se desplegó el pasado 2 de diciembre con nueve registros en Madrid y Ávila. En ellos, los agentes intervinieron más de 140.000 euros en efectivo, 167 relojes de lujo valorados en unos dos millones de euros y activos financieros por más de 14 millones. Además, se han bloqueado cuentas bancarias con 12,5 millones de euros, más de 3,6 millones de litros de carburante, 60 vehículos de alta gama valorados en más de tres millones de euros y 46 inmuebles con un valor superior a cinco millones.
En una vivienda de Ávila, los agentes localizaron un taller clandestino de armas compuesto por 44 armas de fuego, algunas con el número de serie borrado y modificadas con silenciadores, munición de guerra y un vehículo blindado con una ametralladora de gran calibre.
Venta de carburante a precios anormalmente bajos
La investigación, iniciada a principios de 2023 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Central, apuntó a dos operadoras petrolíferas que incumplían de forma sistemática sus obligaciones fiscales, especialmente el impago del IVA, lo que les permitía vender gasolina y gasóleo a precios anormalmente bajos, incluso por debajo del precio de adquisición. Además, los investigadores atribuyen al entramado el incumplimiento de la normativa sobre biocarburantes, con un impago adicional estimado en torno a 40 millones de euros.
Los investigadores constataron que la organización contaba con su propio depósito fiscal, una técnica poco habitual en el sector, y que utilizó los beneficios obtenidos para crear sucesivos operadores petrolíferos con los que dar continuidad a la actividad delictiva.
El entramado tenía una estructura jerarquizada, liderada por dos socios, bajo cuyo mando se encontraban los responsables financieros y contables, mientras que en los niveles inferiores figuraban trabajadores, muchos de los cuales desconocían la actividad ilícita. Además, esta red utilizaba testaferros para figurar como responsables de las obligaciones tributarias de las empresas.
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