Ayuso afronta el pulso de la universidad en la calle mientras desafía al Gobierno en los tribunales
Esta semana se visualizará la magnitud del choque. La coordinadora de las plataformas de las universidades públicas madrileñas que integran a trabajadores y estudiantes irán a la huelga los próximos miércoles 26 y jueves 27 de noviembre, y el seguimiento del paro permitirá medir el nivel de confrontación al que tiene que hacer frente el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en relación con su política universitaria en un momento en el que impulsa una norma, la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc), que busca apuntalar un nuevo modelo que afecta, entre otros aspectos, a la financiación, y que coincide, además, con la pugna con el Gobierno central por el decreto que endurece la creación de universidades.
En el centro del debate está la cantidad que la Comunidad de Madrid destina a las seis universidades públicas de la región: Complutense, Autónoma, Politécnica, Carlos III, Alcalá de Henares y Rey Juan Carlos. Los convocantes de las dos jornadas de huelga de esta semana hablan directamente de "asfixia" económica. Ya los consejos de gobierno de las seis instituciones hicieron pública una carta abierta conjunta hace un año en que denunciaban una situación "prácticamente insostenible" derivada de una infrafinanciación acumulada de 15 años.
A raíz de la crisis financiera, argumentaban entonces, la Comunidad de Madrid redujo la subvención nominativa a las universidades y aumentó los precios de las matrículas. Posteriormente, esos precios se han ido reduciendo, pero la subvención no se ha recuperado al mismo ritmo que la inflación, los aumentos salariales y el aumento de costes derivados de la adopción de medidas a las que obligaba la Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu), de rango estatal, aprobada en 2023. "Las universidades públicas operan hoy con una subvención nominativa de cuantía inferior a la de 2009", señalaban entonces, además de apuntar a la congelación de la partida destinada a inversiones.
El panorama es especialmente crítico para la Universidad Complutense, que ha tenido que pedir un crédito de 34 millones de euros a la Comunidad de Madrid, pero desde la Consejería de Educación también se ha apuntado recientemente a la "difícil situación" de la Rey Juan Carlos, con la que, aseguran, se está en contacto.
En el ámbito de negociación de una nueva ley universitaria autonómica, emerge también una nueva fórmula de financiación, que será plurianual y determinada por tres componentes: una financiación básica para cubrir el regular funcionamiento, una financiación específica para necesidades especiales que pueda plantear cada universidad y una financiación por objetivos, de carácter competitivo. En ningún caso, se insiste desde la Comunidad, va a suponer destinar menos recursos.
Un 30% de autofinanciación
El modelo todavía no está cerrado y lo que se apunta de él no se conoce más que por borradores filtrados y por algunas declaraciones de la propia Ayuso o su consejero de Educación, Emilio Viciana. Pero sí contempla un papel más activo de las universidades para buscar sus propios recursos financieros. Se apunta a que las transferencias de la Comunidad de Madrid supongan en torno al 70% de los presupuestos y el 30% proceda de fuentes alternativas que encuentre la universidad, desde convenios con otras administraciones o con empresas a la gestión de su propio patrimonio.
Es otro de los aspectos que moviliza a los convocantes de la huelga, que aseguran que el Gobierno regional "se desresponsabiliza del 30% de la financiación". Fuentes de la Consejería de Educación trasladan, en cambio, que es un porcentaje "razonable" que, aseguran, de hecho, ya se está cumpliendo. Otra cosa, admiten, es que las universidades cuestionen que tenga carácter obligatorio o pidan que se incluya entre la parte suplementaria de financiación por objetivos.
"Esta convocatoria de movilizaciones no tiene ninguna justificación, especialmente cuando este Gobierno regional ha vuelto a demostrar con hechos su firme compromiso con la calidad de las universidades públicas y la mejora constante de su financiación", afirman desde el departamento que dirige Viciana. "El presupuesto para 2026 presentado recientemente refleja un incremento del 6,5% en la partida para estas seis instituciones de educación superior, que sube hasta los 1.239,7 millones de euros, 75,3 millones de euros más que en 2025. Supone más de un 4% del presupuesto total de la Comunidad de Madrid".
Los 1.239,7 millones de euros, no obstante, quedan lejos del 1% del PIB que establece como objetivo de financiación conjunta entre Estado, comunidad autónoma y autofinanciación de las propias universidades la Losu. Para llegar a ese porcentaje en la Comunidad de Madrid el conjunto de la financiación universitaria debería superar los 3.000 millones de euros anuales, una cifra considerada por el Gobierno regional "irreal y arbitraria". Establecer los presupuestos universitarios en función del PIB, aseguran desde Sol, no responde a contemplar las "necesidades efectivas" de cada centro.
La posición de los rectores
En la Consejería de Educación subrayan que desde 2019 la inversión en la financiación de las seis universidades públicas madrileñas ha crecido un 26%, pero esa cifra, contraponen los responsables de las universidades, no llega a cubrir el aumento de costes y la infrafinanciación arrastrada. La Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) mantiene una posición ambigua respecto a la huelga convocada. No la secundan, afirman fuentes próximas, pero "no se desmarcan, entienden el malestar y los motivos y se solidarizan".
En tanto no haya un carpetazo a la futura Lesuc, no obstante, están en una negociación abierta, afirman que sin líneas rojas por parte de la Comunidad. El pasado 13 de noviembre se reunieron, de hecho, con Ayuso y Viciana. "Mientras se esté negociando se está negociando, con la máxima lealtad posible y la voluntad de que salgan la mejor ley y la mejor financiación posibles para todos". No descartan, no obstante, plantear acciones si, llegado el momento, la negociación se cierra y el proyecto de ley no favorece lo que entienden es el interés de la universidad pública.
El calendario corre, entretanto. Aunque a falta de poco más de un mes no hay borrador definitivo, los planes del Gobierno regional pasan por llevar la Lesuc a la Asamblea antes de que acabe este año para que se tramite y apruebe en la primavera de 2026, pero ello obliga a que el proyecto de ley salga del Consejo de Gobierno en diciembre, habiendo pasado previamente los trámites de información pública y audiencia. "La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades sigue trabajando en el borrador de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencias y Universidades, para el que está recabando las opiniones de todos los actores implicados, especialmente los rectores de las universidades públicas, con el objetivo de lograr una norma que concite el máximo consenso", reiteran desde el entorno de Viciana.
Munición contra Ayuso
La huelga universitaria ofrece, en cualquier caso, munición contra Ayuso a la izquierda madrileña, de ahí la expectación ante el alcance que tengan los paros. El asunto, motivo de disputa recurrente en la Asamblea de Madrid, se intensifica. Coincidiendo con las movilizaciones, Más Madrid ha anunciado la presentación de una enmienda a los Presupuestos Generales de la Región para 2026 destinada a garantizar de manera progresiva el objetivo de llegar al 1% del PIB de financiación para las universidades.
Para ello plantean un aumento de 200 millones de euros en 2026 frente a los 75 millones de euros que contempla el proyecto de Presupuestos. Hasta 110 millones de euros se destinarían a cubrir aumentos salariales y necesidades de personal docente y de administración y servicios, además de reducir la temporalidad; 55 millones de euros, para infraestructuras; 30 millones para becas y exenciones de tasas, y cinco millones de euros para programas de tutoría, salud mental y orientación. En 2027, el aumento sería de 300 millones y en los tres años siguientes, de 500 millones de euros adicionales cada año.
Desde el PSOE madrileño también se ha elevado el tono y este mismo fin de semana han celebrado unas jornadas bajo el lema La universidad pública, motor de la igualdad y futuro de la Comunidad de Madrid en las que su secretario general, el también ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha arremetido contra "el ayusazo universitario" de la Lesuc. Detrás del asunto de la financiación, denuncian los convocantes de la huelga y coincide en enfatizar la izquierda regional, se esconde un impulso privatizador.
"Esta ley que prepara el Gobierno de Ayuso es el mayor ataque que ha sufrido nunca en la historia de la universidad pública en nuestro país", señalaba el sábado López, informa Europa Press. "Lo que está pasando no es casualidad. Es causalidad. Hay una infrafinanciación para favorecer, igual que en la sanidad, igual que en la educación, el negocio de unos pocos".
La cuestión de la huelga universitaria madrileña ha trascendido los límites de la política regional. Desde el propio Ministerio de Ciencia y Universidades se ha manifestado el respeto a la decisión de los estudiantes de ejercer su derecho a la huelga y se ha instado a la Comunidad de Madrid a que cumpla con su obligación de "financiar adecuadamente" las universidades. Los Gobiernos central y regional llevan meses haciendo de la universidad campo de batalla, en el que el último golpe ha sido la presentación la semana pasada de un recurso por parte del Ejecutivo autonómico ante el Tribunal Supremo contra el decreto ministerial que endurece la creación de universidades.
Los requisitos que exige la norma, desde un mínimo de 4.500 alumnos, a la obligación de destinar al menos un 5% del presupuesto a investigación, se establecen tanto para universidades públicas como para universidades privadas, pero van claramente encaminados a contener la proliferación de estas últimas. Una circunstancia que en Madrid, donde conviven seis universidades públicas y 13 privadas que pronto serán 14 y con el empeño varias veces enunciado por la propia Ayuso de convertirse en "capital mundial de los estudios en español", se ve como un ataque a las libertades de educación y empresa.
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