Los residentes en municipios de menos de 3.000 habitantes tendrán una deducción en el IRPF

Los residentes en ciudades extremeñas de menos de 3.000 habitantes podrán beneficiarse de nuevas ventajas fiscales, que pasarán a formar parte de la Ley de medidas frente al reto demográfico gracias a un acuerdo de última hora entre el PSOE y el PP.

Esta norma define un marco general de actuación para combatir la despoblación. En su mayor parte, sienta las bases para garantizar la misma calidad de prestación de servicios en todas las ubicaciones de la región. Pero también incluye medidas específicas, como asegurar el funcionamiento de las escuelas rurales en localidades que tengan al menos cinco alumnos o menos dependiendo de la demanda esperada.

También incluye ventajas fiscales, como la compra o rehabilitación de una vivienda en un municipio de menos de 3.000 habitantes, la deducción del 10% en el IRPF, así como tipos reducidos en transmisiones de inmuebles y escrituras documentadas.

Esta ley fue presentada por los cuatro grupos con representación parlamentaria, lo que aseguró un alto grado de consenso. Durante la fase de presentación de las enmiendas del PSOE, Ciudadanos y Unidos por Extremadura acordaron varios cambios, pero el PP planteó varias propuestas que no fueron aceptadas.

En el pleno de hoy de la Asamblea se debate el texto definitivo del proyecto de ley y durante la sesión el PSOE ha presentado tres compromisos (enmiendas que modifican otras enmiendas) a otras tantas iniciativas del PP. El diputado popular Diego Sánchez Duque ha anunciado que aceptará dos, con lo que se incorporarán al texto final de la ley.

Una de las medidas prevé que los contribuyentes con residencia habitual en municipios de menos de 3.000 habitantes puedan deducir el 15% de la totalidad de la cuota autonómica, cantidad sobre la que se aplican las deducciones y que determina el resultado final a devolver o ingresar. Para ello se requerirá que las cuantías de la base imponible general y del ahorro no superen los 28.000 € en la tributación individual y los 45.000 € en forma conjunta. Estos importes son los que distinguen la renta disponible sobre la que se aplican los tipos impositivos.

Junto a esto, el PP aceptó otra propuesta del PSOE que consiste en que los residentes en municipios de menos de 3.000 habitantes con los mismos límites en la base imponible general y en el ahorro, 28.000€ en la declaración individual y 45.000€ de forma conjunta, para aprovechar de deducciones autonómicas por parto múltiple, asistencia a familiares discapacitados o hijos hasta 14 años, viudos, compra de viviendas por jóvenes o víctimas del terrorismo, alquiler de vivienda habitual y material escolar. Actualmente, el tope está fijado en 19.000 € para la tributación individual y 24.000 € en forma conjunta. Esto hará que muchas más personas sean elegibles para estos beneficios fiscales. Además, en el caso de familias numerosas no habrá límite.

Sánchez Duque indicó que la intención del PP es que la ley no sea solo una declaración de intenciones, sino que contenga medidas concretas. Por ello, propuso modificaciones, especialmente en materia fiscal, sobre las que se pudo llegar a un acuerdo de última hora con el PSOE a pesar de que su redacción inicial era más ambiciosa.

Por su parte, el diputado socialista Carlos Labrador subrayó el mensaje de consenso que se transmite con la aprobación de esta ley. En cuanto a la tributación diferenciada en función del número de habitantes y la renta disponible, destacó que tiene como objetivo incentivar la economía con discriminación positiva en el medio rural.

Fernando Rodríguez, de Ciudadanos, destacó la excepcionalidad de la ley frente al desafío demográfico, ya que se basa en un consenso entre los grupos parlamentarios que no fue fácil de lograr. En su opinión, esta es la mejor medida del nuevo estándar.

Finalmente, Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, también destacó la importancia del consenso, por lo que su grupo tuvo que renunciar a las enmiendas. También dijo que la despoblación no se combate sólo con medidas fiscales y que los impuestos son necesarios para pagar los servicios públicos.