Junto a otras seis personas, están imputados por presuntos delitos de falseamiento administrativo, defraudación de subvenciones y malversación de caudales públicos.
Los exasesores laboralistas socialistas Antonio Fernández y Manuel Recio están siendo procesados por supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones para cursos de formación en régimen de pensión y acusados de delitos de perversión administrativa, defraudación de subvenciones y malversación de caudales públicos.
El juez de refuerzo del juzgado de instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado un auto en el que se compromete a continuar como procedimiento abreviado la investigación practicada contra los dos exconcejales socialistas junto a otras seis personas a las que se les ha concedido formación subvenciones superiores a 33 millones de euros.
Estas ayudas fueron presuntamente otorgadas «arbitrariamente» a la red de empresas encabezada por el fallecido exministro de Hacienda Ángel Ojeda, que capacitaba a extrabajadores del grupo automovilístico multinacional Delphi.
En un auto publicado por el Tribunal Supremo de Andalucía (TSJA), el juez también lleva la causa contra entidades quincenales como los auxiliares de responsabilidad civil y partícipes de participación en beneficios.
Las personas investigadas en este caso son los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio, hijo del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, y otras cinco personas que tenían una relación laboral de dependencia o societaria con las empresas gestionadas por Ángel Ojeda
El exdirector Antonio Fernández también es condenado por la pieza principal de la conspiración de los expedientes fraudulentos de regulación laboral (ERE) correspondientes al procedimiento específico para la transferencia de los fondos y la ayuda de este sistema a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco ). .
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