Aumento de los precios de la electricidad, el combustible y las materias primas. Se trata de un incremento de costes que está dificultando a las empresas el cumplimiento de los contratos estipulados con las administraciones públicas. Por ello, varios grupos empresariales llevan tiempo pidiendo una revisión de estos contratos, porque están llevando a algunos contratistas a una situación límite, como señaló ayer Javier Peinado, secretario general de Creex.
Cristóbal Maza, director general de Aspremetal, se expresó hace unos días de manera similar, centrándose en las empresas de servicios, que también se ven afectadas por el aumento de los costes de suministros y mano de obra. Para ello pidió a la Junta de Extremadura que permitiera la compensación económica en los contratos públicos de prestación de servicios y suministros a la Administración.
Desde Creex, Peinado ha solicitado al gobierno central que cambie la ley de contratos públicos para poder revisar los contratos que ya existen. Al mismo tiempo, indicó que el decreto en el que trabaja el consejo regional será positivo, ya que las ofertas económicas no tendrán tanto peso en las competencias.
Y es que la inflación, además de complicar la ejecución de las obras o la prestación de servicios a las empresas adjudicatarias, también está provocando que haya licitaciones vacías. “Hasta que se resuelvan pueden pasar meses, y en ese lapso de tiempo está el problema”, dice Maza.
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