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En su último informe, de casi 300 páginas, la Guardia Civil deja claro que investiga a Ana Millán, la número 3 del PP en la Comunidad de Madrid, por «posibles hechos que son compatibles con delitos de corrupción». Así lo refleja la Unidad Central Operativa del Cuerpo en una documentación a la que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, y que fue remitida al juzgado de Navalcarnero en el que se investigaban los hechos apenas unos meses antes de que la jueza decidiera inhibirse y enviar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El TSJM, que es el máximo tribunal madrileño, está todavía pendiente de aceptar la causa, aunque todo indica que así será dada la condición de aforada de Millán desde que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, la incluyó en sus listas las pasadas elecciones.
Millán, que es, además, la vicesecretaria de Organización del Partido Popular a nivel regional y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, está investigada por cuatro presuntos delitos relacionados con corrupción mientras era concejala en el Ayuntamiento de Arroyomolinos.
Irregularidades en la contratación
Allí, donde terminó siendo alcaldesa hasta que Ayuso la rescató para la comunidad, habría favorecido presuntamente a un empresario llamado Francisco Roselló a cambio de dádivas, tanto para ella como para su pareja y su hermana.
La Guardia Civil, que habla en su informe de su «relación con posibles irregularidades en materia de contratación o como supuesta contraprestación por las adjudicaciones de contratos públicos del ayuntamiento», detalla tanto las adjudicaciones por valor de más de 650.000 euros como los pagos y favores que presuntamente recibieron ella y su entorno.
La UCO apunta a que Millán participó de forma directa y «activa» en al menos siete contratos otorgados a este empresario mientras estuvo al frente de la concejalía de Juventud. A ello habría que sumar otros dos mientras fue concejala de Cultura. En total, adjudicaciones a las sociedades de Roselló por valor de 652.275 euros.
La investigación explica, en base a un interrogatorio de una testigo que trabajaba con ella, que «destaca la diferencia de trato otorgado por la ex concejal en la contratación y la forma de interactuar» con las sociedades de esta persona. Además, «esa confidencialidad, reserva y trato personal por parte de Ana Millán resulta significativa, más si se tienen en cuenta» los supuestos retornos que tuvo.
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