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La Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española han acordado reforzar el protocolo de los acuerdos de conformidades entre fiscales e investigados en procedimientos judiciales para garantizar la confidencialidad de las comunicaciones.
Según informa el Consejo General de la Abogacía representantes de ambas instituciones han celebrado este miércoles la primera de las reuniones previstas para ratificar a corto plazo un nuevo texto que satisfaga a ambas partes.
Este encuentro tiene lugar a raíz de las informaciones publicadas en medios de comunicación y el comunicado difundido por la Fiscalía Provincial de Madrid en relación con la denuncia interpuesta contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En dicho comunicado la Fiscalía de Madrid confirmó que «el único pacto de conformidad» con reconocimiento de dos delitos fiscales que ha existido en la investigación a Alberto González Amador es el propuesto por el letrado del investigado al fiscal el pasado 2 de febrero.
Y la Fiscalía aclaraba en la nota su actuación en relación con la denuncia que interpuso el 20 de febrero en los juzgados contra Alberto González Amador y otras cuatro personas por supuestos delitos de defraudación tributaria y falsedad documental, según la cual se habrían defraudado 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 a través de facturas falsas y sociedades pantalla
Este miércoles la Fiscalía General y la Abogacía Española han comenzado a trabajar en un nuevo protocolo de conformidades que refuerce la confidencialidad de las comunicaciones.
La reunión, celebrada en la sede del Consejo General de la Abogacía, ha permitido trabajar en una primera propuesta que tendrá continuidad en las próximas semanas con el objetivo de alcanzar un acuerdo lo antes posible.
Este primer encuentro ha permitido constatar «la voluntad compartida de dotar de mayores garantías a un sistema que está funcionando en su conjunto con resultados satisfactorios en beneficio de los justiciables y de la Administración de Justicia» y la importancia del protocolo «que ha facilitado miles de sentencias de conformidad«.
Por parte de la Fiscalía General han participado en la reunión la fiscal jefa de la Secretaría Técnica, Ana García León y el teniente fiscal de la inspección, Javier Rufino Rus.
Como representantes del Consejo General de la Abogacía han tomado parte el presidente de la Comisión de Deontología y decano del Colegio de Albacete, Albino Escribano, el consejero Manuel Martín y el secretario general técnico, Borja Vargues.
Precisamente este miércoles ha trascendido que el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid ha incoado diligencias tras la denuncia que interpuso recientemente el Colegio de la Abogacía de Madrid para identificar a los «culpables» de la filtración de datos en el comunicado que difundió la Fiscalía sobre el pacto ofrecido por el abogado del novio de la presidenta madrileña.
El Colegio de la Abogacía de Madrid ha anunciado que, tras esta incoación, se personará como parte presentando querella en los próximos días «contra autor desconocido de los hechos, sin perjuicio de ulteriores planteamientos de competencia objetiva por razón de la persona», en referencia a un eventual aforamiento.
Así el colegio madrileño pasaría de ser mero denunciante a acusación popular, han detallado fuentes jurídicas.
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