Espadas defiende la abstención del PSOE-A en el proyecto de ley de Doñana pese a la clara oposición del Gobierno

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha defendido la abstención del Grupo Socialista en permitir la tramitación del proyecto de ley de regadíos en Doñana, con el fin de mantener abierto el diálogo y evitar enfrentamientos sociales en la zona norte de Huelva. Todo ello pese al abierto rechazo del Gobierno central al proyecto por parte de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el secretario de Estado de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Espadas explicó que no impulsó el sentido del voto y señaló a la ministra -que había enviado una carta a la Junta de Andalucía advirtiéndoles sobre el proyecto que impulsan los partidos que apoyan- que el PSOE andaluz «no recibió consignas ni instrucciones». «Tanto del Gobierno como de la cúpula federal de su partido. Es la primera vez desde que llegó a la Secretaría General de su formación que Espadas marca distancias tan claras con Ferraz y La Moncloa. «Yo no estoy aquí para ser la marca de nadie ,» él dijo.

El líder socialista explicó la postura de su grupo ante la necesidad de huir de posiciones de frente o de bloque en un asunto que exige mantener abiertos los cauces de diálogo antes de asumir la que considera una posición irresponsable del consejero delegado, Juanma Moreno.

Para Espadas, en el debate sobre el proyecto de ley que legalizará las zonas de regadío excluidas del plan de riego aprobado en 2014, están las posiciones de quienes han agudizado el problema al prometer a los agricultores que tendrían acceso a un abastecimiento de agua que es lejos de estar garantizado (en relación a quienes apoyan la ley) y quienes ignoran este problema (por culpa de las facciones de izquierda que votaron en contra).

Ante ambas posiciones, la postura socialista es mantener abiertas las vías de diálogo para encontrar una solución, lo que, a su juicio, pasa por la ejecución de las próximas obras de infraestructura que permitirán llevar agua superficial para regar la zona, y en ningún caso con seguir sobreexplotando el acuífero subterráneo que abastece a Doñana.

En su opinión, ante la iniciativa del PP, Ciudadanos y Vox, el Gobierno central ha hecho lo que debe hacer, pero advierte que eso no soluciona el problema, que cree que debe venir del territorio. En ese sentido, aseguró que, aparte de los alcaldes interesados, nadie conoce la zona tan bien como él.

Con la iniciativa impulsada por el PP, Ciudadanos y Vox, que regularía la situación de unas 1.400 hectáreas de cultivo según estos colectivos y unas 800 hectáreas según los campesinos, los socialistas andaluces se vieron atrapados entre las pretensiones de estos pertenecientes al lugares gobernados mayoritariamente por alcaldes del PSOE y protestas ecologistas alertando del peligro al que se enfrenta Doñana, a las que se han sumado las advertencias del Gobierno central y de la Comisión Europea.