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El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, prepara una querella contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y contra la Agencia Tributaria por revelación de secretos en relación con su situación fiscal y patrimonial, según ha adelantado este viernes la Cadena Cope y ha confirmado El Periódico de España, del mismo grupo editorial.
También contra la Fiscalía de Madrid por difundir un comunicado que incluía datos del e-mail en el que su defensa reconoce los delitos que se le imputan por impago de 350.000 euros en el impuesto de sociedades, dirigido a lograr un pacto que evite el juicio y rebaje las condenas.
Por parte del despacho Garrido donde ejerce el abogado Carlos Neira, que es el que asiste al empresario respecto a la denuncia presentada por la Fiscalía por dos delitos de fraude a Hacienda y otro de falsedad documental, se señala a El Periódico de España que este bufete no van a presentar «ninguna denuncia ni querella contra la Ministra de Hacienda, ni contra la AEAT, ni contra la Fiscalía». La acción penal, no obstante, podría haberse encargado a otro despacho más especializado en dicho asunto.
La presidenta Ayuso ya acusó este miércoles en Leganés a la ministra Montero de ir filtrando “por los pasillos” del Senado información acerca del caso cuando esta ni siquiera se había publicado aún. Se refería al hecho de que fuera Montero quien mencionara que el supuesto delito del novio estaba relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia, cuando hasta ese momento las informaciones publicadas aún no habían detallado este punto y solo hablaban de supuestas facturas falsas y delito fiscal sin especificar nada más.
En cuanto a la nota de la Fiscalía de Madrid, en ella se informa sobre el ofrecimiento del letrado de González Amador junto con la respuesta de la Fiscalía apuntando la posibilidad de un acuerdo. Su difusión ha merecido un severo reproche por parte del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que considera «de extrema gravedad» la difusión de datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados.
La difusión de esta nota coincide con la inminente llegada al ICAM, como nuevo secretario general, de quien hasta ahora era el jefe de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, Luis Banciella Rodríguez-Miñón, según ha podido saber EPE.
Según recuerda esta institución, el Estatuto de la Abogacía establece sin paliativos el deber y el derecho de los abogados a mantener en secreto todas las comunicaciones y propuestas relacionadas con el ejercicio de su profesión, garantizando así la confianza y la protección de los derechos de su defendido. A ello se une que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal hace hincapié «en el secreto del sumario y a los deberes de reserva y discreción inherentes al cargo, así como a los derechos de los implicados».
Por ello, consideran que la divulgación de información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, sin un acuerdo de conformidad formalizado, constituye una «vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal». Los abogados tratarán este asunto en la Junta de Gobierno de la institución que se reunirá el próximo lunes y defenderá el derecho de defensa «llegando hasta las últimas consecuencias».
Intervención del fiscal general
También se ha pronunciado sobre este asunto la Asociación Pofesional e Independiente de Fiscales APIF, que considera que la revelación de los correos electrónicos por parte de la Fiscalía de Madrid «causa un perjuicio evidente al investigado y, además, teniendo en cuenta la relevancia de la persona investigada, por su relación con un alto cargo público, aleja a la Fiscalía del papel de absoluta neutralidad, en el ámbito político, que debe desempeñar siempre como institución».
Para estos fiscales es importante subrayar que las propuestas emitidas y no ratificadas por un letrado en defensa de los intereses de su patrocinado «no pueden ser desveladas por el Ministerio Fiscal por afectar al derecho que el abogado tiene a la reserva de las mismas». Por esta razón solicitan al fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, que «desautorice la práctica de revelar por los miembros del Ministerio Fiscal el contenido de las propuestas en casos de conformidad que se formulen, ordenando a todas las Fiscalías guardar el deber de sigilo que legalmente está impuesto».
El pasado 2 de marzo, el abogado Carlos Neira comunicó a la Fiscalía que es «voluntad firme» de su cliente «alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT».
La respuesta del representante del Ministerio Público al que le corresponde el caso llegó diez días más tarde, el pasado 12 de marzo. En su comunicación, el fiscal Julián Salto Torres adjunta copia de la denuncia presentada en los Juzgados de Madrid y añade que aunque ésta afecta también a otras personas: «No será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible«.
En su comunicado público, la Fiscalía de Madrid hacía públicas dichas misivas para concluir que, «en definitiva, el único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de Don Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024».
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