El decreto legislativo sobre simplificación administrativa, próximo objetivo legislativo del gobierno de la Junta de Andalucía, amenaza con seguir el mismo camino de los presupuestos fallidos: el rechazo en el parlamento y una posterior guerra de historias sobre la responsabilidad del fracaso.
Tras la aprobación de varias ordenanzas patrocinadas por el Gobierno con apoyo socialista, entre ellas la Ley de Tierras (con la abstención del PSOE) y la creación de la agencia TRADE (con votos a favor), vuelve el escenario de cooperación mutua con espacio para el discurso de la terminal.
Así lo reveló en la reunión de escrutinio presidencial, durante la cual la portavoz socialista Ángeles Férriz, en los últimos segundos de su intervención, hizo un ofrecimiento para negociar que no fue aceptado por Juanma Moreno. Férriz sugirió que la norma, que se presentará al Parlamento para su validación la próxima semana cuando se celebre la última sesión del año, sea procesada como ley en lugar de decreto legislativo, lo que tomaría un proceso de al menos tres meses.
La propuesta socialista tiene la ventaja de que puede ser examinada en detalle, ya que es una norma que incluye la modificación de 80 leyes y un cambio profundo en varios procedimientos que adoptaría el sistema declaratorio responsable con posibles controles posteriores. Pero también tiene una desventaja: no se puede aplicar de inmediato y, por lo tanto, no tendrá el impacto económico rápido que espera el gobierno andaluz.
Según Férriz, no es posible «robarle su papel al parlamento y que se apruebe apresuradamente y sin diálogo como decreto», por lo que propuso una negociación entre el PSOE-A y el PP, que los sindicatos, ayuntamientos y otros pueden unirse a conectar sectores afectados.
Ante la sorpresa de la propuesta, el presidente en la cámara no respondió directamente a la oferta socialista, pero hizo un alegato general indicando que el acuerdo está muy lejos. Juanma Moreno asumió que los socialistas querían desgastar al gobierno y paralizar sus acciones. El portavoz del pueblo, José Antonio Nieto, se había inmiscuido recientemente en la misma dirección, diciendo que el ritmo de reformas que necesita Andalucía no debe ser «el de los gobiernos anteriores».
La Junta de Andalucía, que ya ha acordado el contenido del decreto con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), otras organizaciones empresariales y colegios profesionales, pero no cuenta con el apoyo necesario para su implementación, se apega a su estrategia, la decreto en su totalidad y que sean los grupos de oposición, tanto PSOE como Vox, quienes tomen su decisión y, en caso de rechazo, realicen las oportunas declaraciones a los colectivos afectados. El rechazo a la norma alimentaría el discurso de la “pinza” que afirma que existe una alianza tácita entre Vox y la izquierda para bloquear y desgastar al gobierno.
En el ejecutivo andaluz no confían en que la oferta socialista sea sincera y temen que las negociaciones se estancarán y que la norma que cree es imprescindible y urgente para atraer inversiones y no se concretará la recuperación económica.
El análisis que se está haciendo en torno al presidente de la junta es que el PSOE-A entendió que se equivocó al negarse a aprobar el presupuesto, que ahora quieren cambiar proponiendo negociaciones sobre el decreto de simplificación que no tienen ninguna intención real. de seguir.
En el PSOE mantienen la versión contraria, citando como ejemplo la negociación de la ley que creó la agencia comercial, que entró en el Parlamento como decreto legislativo pero que finalmente fue incorporada a ley y presentada tras varios meses con un amplio consenso por Negociaciones.
El fracaso de las negociaciones presupuestarias sigue volviendo al debate político. En su intervención en la sesión de control, la portavoz socialista acusó al presidente andaluz de no aprobar los estados financieros y de estar dispuesta a «volcar el año restante de legislatura». Respondió Juanma Moreno, aludiendo al error histórico que creía que cometían los socialistas al no abstenerse de la votación en la que se habrían ejecutado los presupuestos si se hubieran aprobado la mayoría de sus propuestas. «Habéis tenido una oportunidad excepcional para demostrar que este PSOE es diferente», les acusó.
La decisión del gobierno de rechazar la oferta socialista llega en un momento en el que las posibilidades de implementar el decreto con el apoyo de su flanco derecho son mínimas, ya que la distancia entre el PP y Vox se ensanchó en las últimas horas después de que el gobierno asumiera el poder. Con el apoyo de la Izquierda, impulsó la creación de la agencia COMERCIO y la financiación de las Entidades Locales Autónomas (ELAS) y que el PP y la ciudadanía, con su abstención, evitaran que se presentase la ‘Ley de Concordia’ presentada por Vox.
En la sesión de control de este jueves, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, rompió los puentes para que esta propuesta regrese al parlamento. «Su gobierno se ha comprometido a traicionar los pactos que hizo con nosotros, ayer venció la oferta de la ley de unidad», acusó al mandatario, a quien había traicionado por los acuerdos parlamentarios de su partido con las formaciones de izquierda.
Juanma Moreno le advirtió que su partido tenía que elegir si era «pequeño y útil» y criticó su voluntad de «bloquear» al gobierno andaluz poniendo en común sus votos sobre el PSOE para conseguir su objetivo de adelantar las elecciones autonómicas. A y Unidos Podemos.
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