El PSOE interviene en el caso del amigo de Ayuso porque es «de interés general».

El PSOE ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid personarse como acusación popular en el procedimiento judicial del caso que afecta al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid porque considera que se trata de una cuestión de «interés general».

Este juzgado ha citado a declarar el 20 y 21 de mayo a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y a cuatro personas como investigados por dos presuntos delitos de fraude a Hacienda y uno de falsedad en documento mercantil.

En su escrito, difundido a los medios, el PSOE justifica su personación en la causa, sin necesidad de querella ni fianza, porque indican que «los hechos que traen su origen, en principio, en contrataciones relacionadas con el suministro de materiales sanitarios adquiridos durante la gestión de la crisis del Covid19, y que, en cualquier caso, afectarían a los intereses generales como es un intento de defraudación a la hacienda pública, nos encontraríamos ante una causa de interés general de los ciudadanos».

«Es por ello que el PSOE solicita su personación en la presente causa en representación de sus afiliados y el interés general de la ciudadanía que preside la actuación de esta organización», añade.

El portavoz del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha insistido en declaraciones a los medios en el motivo de defender «el interés general» de los madrileños y españoles por conocer qué ocurre con los «350.000 euros de todos los madrileños» que supuestamente ha defraudado a Hacienda González Amador y «para fiscalizar cada euro que han pagado con sus impuestos las familias y empresas de la Comunidad de Madrid«.

Lobato se ha referido así a que la empresa de la pareja de la presidenta, según ha dicho, pasó de facturar «27.000 euros a 1,7 millones, principalmente porque ha recibido dinero del Grupo Quirón», compañía que -ha apuntado- es la «mayor receptora de fondos públicos de la Comunidad de Madrid».

En este sentido, Lobato, al igual que anunció la semana pasada la portavoz adjunta de su grupo en la Asamblea, Marta Bernardo, solicita personarse para tener «acceso al procedimiento y a toda la información para fiscalizar» a dónde ha ido todo el dinero.