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El magistrado que instruye la causa en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos, Ángel Hurtado, ha citado como testigo al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, y a ocho periodistas para que aclaren cómo pudieron llegar a los medios de comunicación los mails intercambiados entre la defensa del empresario Alberto González Amador y la Fiscalía con los que éste buscaba evitar llegar a juicio por fraude a Hacienda.
La comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez ha sido fijada el día 8, y esa misma jornada han sido citados los periodistas Esteban Urreiztieta (El Mundo) –que fue el primero en informar del pacto, pero atribuyendo su iniciativa al fiscal del caso, Julián Salto– y Alfonso Pérez Medina (La Sexta) –que dio cuenta horas después del comunicado original que el abogado del empresario remitió a una dirección genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, reconociendo dos delitos contra Hacienda y ofreciendo la posibilidad de alcanzar un acuerdo–.
En el auto que ha dado a conocer este martes, Hurtado también acepta la diligencia interesada por los investigados de requerir a la cadena de televisión La Sexta copia de la noticia publicada a las 22.10 horas del 13 de marzo de 2024, y al periódico El Mundo la noticia publicada a las 21.29 horas del mismo día.
Al día siguiente deberán comparecer, igualmentee como testigos, los informadores Miguel Ángel Campos (Cadena Ser), MarcosPinheiroo y José Precedo (elDiario) Cynthia Coiduras (El Plural) , Olivia Moya González – (Libertad Digital) y el redactor de la noticia, o en su defecto el redactor jefe de Vozpouli en relación con la que publicó este medio a las 23.000 horas del pasado 13 de marzo.
Datos para desmentir un bulo
La información sobre dichas comunicaciones revelada por los medios de comunicación e incluida en una nota de prensa dada a conocer horas después por el Ministerio Público dio lugar a la apertura del procedimiento, ya que según las acusaciones se difundieron datos confidenciales que pudieron tener afectación en el derecho de defensa de la pareja de Díaz Ayuso. Por parte de la Fiscalía siempre se ha defendido que se trataba de «desmentir un bulo», consistente en situar a la Fiscalía como parte de la que habría surgido la posibilidad de un acuerdo con el empresario al que se investiga por defraudar a Hacienda.
El magistrado atiende a la petición del propio Álvaro García Ortiz. La Abogacía General del Estado, que ejerce la defensa del fiscal general, solicitó la comparecencia al considerar que existen “indicios” de que la mano derecha de la presidenta madrileña puedo acceder «a una parte del contenido de los correos” en los que la defensa del empresario ofrecía un pacto a la fiscalía para evitar llegar a juicio por fraude fiscal.
¿Hay investigación disciplinaria?
Por otro lado, se acepta la solicitud de la acusación popular en nombre de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de dirigir un oficio a la fiscal jefe de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado para que informe si ha abierto algún tipo de expediente disciplinario, diligencias informativas o de cualquier otro género, relacionadas con los hechos que son objeto de investigación, y, en su caso, que indique con qué fecha se hizo, qué tipo de diligencias y su resultado.
Asimismo, el auto recoge que el oficio que envió al servicio de seguridad de la Fiscalía General solicitando, a petición de APIF, que se conservasen las imágenes de un salón de la sede de dicha Fiscalía General, ha resultado inviable tras la respuesta de ese servicio de que no existe ninguna cámara de seguridad instalada en ese patio central. Sin embargo, sí acepta al respecto la petición de APIF de que se tome declaración como testigo al fiscal Salvador Viada Bardají, lo que se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre.
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