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La jueza Inmaculada Iglesias ha decidido suspender y fijar para el próximo 24 de junio la declaración de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que éste tenía previsto defenderse de la denuncia en la que la Fiscalía le imputa dos delitos fiscales y uno de falsedad en documento mercantil.
La citación del empresario concitó a decenas de representantes de los medios de comunicación a la puerta de los juzgados madrileños, pero González Amador consiguió evitarlos tanto a su entrada como a su salida, e utilizó incluso una peluca de pelo gris para despistar su presencia en los pasillos del órgano judicial. De hecho, fuentes presentes en la declaración comentaban que les costó reconocer a González Amador en las imágenes que se le conocen junto a Ayuso. Este lunes compareció con el pelo rapado, sin barba y vistiendo traje, y optó por permaneció en el interior de los juzgados hasta casi las 14 horas. Al hacerlo se tapó la cara hasta montarse en un taxi.
Desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se informó de que el motivo del aplazamiento se debía a la intención de titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid de que todos los imputados en el procedimiento declaren el mismo día. Además de González Amador, este lunes también estaba citado uno de los empresarios presuntamente implicados en la falsificación de facturas investigada, Maximiliano Eduardo Niederer, pero al residir en México, no se le había podido localizar. Esta circunstancia, unida a que los otros dos empresarios investigados que estaban citados para este martes habían manifestado su imposibilidad de acudir es lo que ha decidido a la jueza a posponer todas las comparecencias para la misma fecha.
De esta forma, el día 24 comparecerán ante la magistrada la pareja de la presidenta madrileña, pero también los otros denunciados por la fiscalía: David Herrera Lobato, Agustín Carrillo Saborido y José Miguel Carrillo Saborido, a los que se atribuye haber ayudado al primero a la elaboración de facturas falsas con las que reducir los impuestos a los que debía hacer frente.
Fuentes de la acusación, no obstante, señalaban que así la magistrada también facilitaba que se pudiera producir un acuerdo entre las partes para evitar la prolongación del procedimiento, una posibilidad que es la que ha supuesto que el propio González Amador y el Colegio de la Abogacía de Madrid denuncien a la Fiscalía Provincial de Madrid por un presunto delito de revelación de datos, al informar de los términos ofrecidos por el letrado para evitar una noticia falsa.
De hecho el diputado de Más Madrid y abogado Hugo Martínez Abarca, a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla, atribuyó el aplazamiento a «un caso de escapismo». De hecho, González Amador evitó ser grabado por los medios, poniéndose una peluca con el pelo blanco nada más abandonar el juzgado, mientras esperaba en el ascensor, según señalaron varios testigos.
Busca conformidad, según Más Madrid
Martínez Abarca señaló que la defensa «lleva enmarañando el procedimiento desde el principio, con acusaciones ridículas a la fiscalía, dilatando el procedimiento. Parece claro que va a intentar una nulidad, pero no hay por dónde cogerlo y hoy mismo es la guinda de ese pastel». En su opinión, la petición del aplazamiento realizada por González Amador es «pretender» intento de lograr «un acuerdo de conformidad, pero eso pasa por aceptar los delitos de los que se le acusa y aceptar una pena. Es decir, desmentir a Ayuso, que dijo que no había facturas falsas, no había sociedades pantallas y que no nos íbamos a ver en el juzgado, como estamos hoy, que era todo una especie de invención de hacienda».
El diputado recordó que los problemas informáticos que se llevan viviendo en los juzgados de Madrid y que parecían en un principio que eran el motivo del retraso «son responsabilidad de Díaz Ayuso». Esta «incidencia generalizada» que se está viviendo en la totalidad de los juzgados y tribunales de la Comunidad desde hace una semana hizo posible un gesto no muy habitual: todas las asociaciones de jueces hicieron un comunicado conjunto para denunciar los problemas que «impiden la adecuada y correcta tramitación de procedimientos, incluida la firma y notificación de las resoluciones judiciales que afectan a la ciudadanía».
En su nota, denunciaban la gravedad de la situación, especialmente en los juzgados de guardia o de Violencia, e instaban a la rápida solución del problema, porque «el funcionamiento de la Administración de Justicia no puede depender del sacrificio personal de quienes la componen».
Denuncia por fraude a Hacienda
La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
En el auto de apertura de diligencias, la jueza razonaba que supuestamente y «como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros.
La pareja de Ayuso declarará después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya admitido a trámite la querella que el empresario interpuso contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto, por un delito de revelación de secretos en relación con la nota difundida por la Fiscalía de Madrid en la que aclaraba el cruce de correos entre el abogado de Alberto G. A. y el fiscal del caso.
En este caso, el instructor ha citado para el 24 de mayo a las partes para que ratifiquen las querellas. Es decir, deberán comparecer el propio González Amador y un representante del Colegio de la Abogacía de Madrid, que también acusa a los fiscales. Entre las diligencias, se solicita identificar al máximo responsable fiscal que autorizó difundir el la citada nota de prensa, lo que parece apuntan directamente al fiscal general, Álvaro García Ortiz.
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