El Ayuntamiento prevé aprobar la reducción del impuesto sobre donaciones este trimestre

La Junta de Extremadura tiene previsto aprobar en el primer trimestre de este año la normativa que permitirá la reducción del impuesto de donaciones en la comunidad, así como una reducción de la tasa de registro.

A mediados del año pasado, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas inició la redacción de la Ley de medidas para mejorar los procesos de respuesta administrativa. Esta disposición contiene, entre otras cosas, la práctica supresión del impuesto sobre donaciones en su forma más común.

En concreto, la reforma consiste en conceder a las donaciones a cónyuges, padres e hijos (grupos I y II de parentesco) una bonificación del 99% si la base líquida es igual o inferior a 300.000 €. A partir de esa cifra y hasta 600.000 euros será del 50%. En el caso de las personas con discapacidad, estos límites aumentan en 150.000 €. Con ello se equipararía al impuesto que se aplica a las herencias.

Asimismo, el texto propone la eliminación del tipo impositivo autonómico sobre algunos medios de transporte, conocido como impuesto de matriculación, para compensar parcialmente el incremento producido con el nuevo sistema de medición de emisiones.

El anteproyecto de ley disponía que estas medidas tributarias entrarían en vigor el 1 de enero de 2022, por lo que se esperaba la aprobación de la ley para finales de año. Pero no ha sido posible y por tanto aún no son aplicables algunos cambios, que tienen un impacto estimado en la recaudación de 2,7 millones de euros anuales.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas indica que la previsión es que la nueva ley se apruebe en el primer trimestre de este año, pero aún depende de la finalización del proyecto de ley.

Según ha indicado, la Junta de Extremadura ya se encuentra en la última fase de este trabajo tras haber enviado el texto al Consejo de Estado, órgano que debe dar el visto bueno legal a la norma. Su dictamen no es vinculante, pero puede contener lo que se denominan recomendaciones esenciales, según las cuales, si no se modifican los puntos en cuestión, podría existir alguna ilegalidad.

El paso por este órgano es obligatorio ya que el Gobierno regional ha decidido suprimir el Consejo Consultivo de Extremadura. Con sus propuestas, por lo tanto, puede ser necesario revisar el texto.

El siguiente paso será la aprobación del proyecto de ley por parte del Consejo de Gobierno. A partir de ese momento el reglamento será remitido a la Asamblea de Extremadura para ser sometido al trámite de plena discusión, presentación de enmiendas parciales y votación final.

La mayoría absoluta del PSOE garantiza la aprobación de la ley sin necesidad de cambios, pero aún deben superarse todos los trámites parlamentarios.

El Ministerio de Hacienda indica que las medidas fiscales entrarán en vigor una vez que se apruebe la ley. El texto final contendrá la fecha en cuestión.

Retrasos en el procesamiento

El Gobierno regional subraya que el retraso en la elaboración de la norma se debe a que se han retrasado los distintos pasos que debe dar una ley de estas características.

Señala, por ejemplo, el informe del Consejo Económico y Social, que tardó tres meses en decidir el contenido del anteproyecto, lo que condicionó los pasos posteriores hasta la situación actual.