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Más de 500 personas, entre fiscales y funcionarios de la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid y de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid pudieron tener acceso al e-mail que la defensa de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso remitió el pasado 2 de febrero reconociendo la comisión de dos delitos fiscales y solicitando un pacto con el Ministerio Público para evitar llegar a juicio.
Así lo manifiesta el teniente fiscal provincial de Madrid, José Luis García-Juanes en un documento, al que ha tenido acceso este diario, que fue remitido el pasado 29 de noviembre a la Abogacía del Estado, que defiende al fiscal general, Álvaro García Ortiz, y a la jefa provincial en la causa por revelación de secretos del empresario Alberto González Amador que se sustancia en el Tribunal Supremo.
El fiscal señala que, a día de hoy, «se desconoce el número concreto» de personas que pudieron tener acceso a las «diligencias de investigación preprocesales» abiertas a González Amador, si bien se señala a los doce fiscales de delitos económicos y cuatro funcionarios de este departamento, que tenían acceso a la carpeta compartida llamada «bases auxiliares».
Además, las diligencias fueron escaneadas dado su excesivo volumen, y para su remisión por e-mail fueron cargadas en una carpeta compartida llamada «Guardia» a la que tenían acceso 499 personas entre fiscales y funcionarios, cuyos nombres se adjuntan al documento. A ello se suma, dada la obligada dación de cuenta que la fiscal jefe provincial tuvo que hacer a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, deben sumarse las personas pertenecientes a dicho departamento.
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