Las comunidades están decididas a construir más para solucionar el problema del acceso a la vivienda
La Región de Murcia, Illes Balears, Castilla y León y Canarias apuestan por construir más y más rápido para solucionar la problemática de acceso a la vivienda que se vive cada una de las comunidades autónomas, que no es siempre de la misma índole, pero que se resume en una falta de oferta para una demanda creciente, principalmente impulsada por el crecimiento poblacional. Esta es la principal conclusión de la mesa redonda bajo el título ‘España país sin llaves: soluciones a la crisis de la vivienda’, en la que participaron representantes de las cuatro regiones, del Foro España 360, organizado por El Periódico de España y Prensa Ibérica.
Desde la Región de Murcia, el secretario general de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, José Francisco Lajara Martínez, subrayó cómo el problema de la vivienda ha escalado en la lista de preocupaciones ciudadanas: "Tenemos uno de los mayores porcentajes de población joven, que queremos que se queden en la región. Estamos construyendo 3.000 viviendas de obra nueva todos los años y necesitaríamos en los próximos años, hasta 2027, 14.000 viviendas adicionales. Por otro lado, estamos viendo como han caído la oferta en alquiler por la falta de seguridad jurídica".
La visión es compartida por otros territorios, que insisten en que no existe una receta única, pero sí elementos comunes. El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad de les Illes Balears, José Luis Mateo Hernández, recuerda que el enfoque debe ser necesariamente coordinado: "La problemática de vivienda tiene particulares en cada uno de los territorios. Es un problema que no puede resolverse de una única manera, que debe hacerse con la colaboración del Gobierno nacional. Podemos tener ideologías, pero hay que aparcarla para encontrar soluciones pragmáticas para lograr el objetivo". Mateo Hernández puso como ejemplo el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que en un inició "no hubo comunicación y cooperación" entre el Ministerio de Vivienda y las comunidades, pero que esto ha cambiado. "Han empezado a escuchar y trabajar en objetivos comunes porque seguiremos sin estar de acuerdo con muchas medidas de la ley de vivienda", añadió.
A esa complejidad territorial se suma la diversidad de modelos urbanos y demográficos. La directora general de Vivienda de la Junta de Castilla y León, María Pardo, pone el acento en la dispersión de la población y en la dificultad de movilizar al sector constructor: "Somos la comunidad más extensa en territorio, con una población dispersa que lleva creciendo en los últimos cuatro años. Tenemos la dificultad de que construimos mucha vivienda, pero en pequeñas promociones y en muchos sitios. Tenemos que incrementar la oferta. El problema es cómo, porque no tenemos un sector suficientemente preparado y algunos lo están demonizando".
En Canarias, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, eleva el diagnóstico al plano europeo y recuerda el fuerte crecimiento demográfico y turístico del archipiélago. "La vivienda es uno de los mayores desafíos de Canarias y de Europa. Hasta 2008, en Canarias se construían hasta 35.000 viviendas al año, pero en los últimos 10 años la producción ha caído por debajo de las 1.000, mientras la demanda se ha ido incrementando por el crecimiento poblacional y la reconfiguración de los hogares. Adicionalmente, en nuestro caso un tercio de las viviendas las compran extranjeros no residentes. Hace falta vivienda pública y protegida, pero también libre para las clases medias", apunta.
Incrementar la oferta
La construcción de vivienda protegida y la colaboración con el sector privado se repiten como claves en todos los territorios. Desde Murcia, Lajara insiste en la necesidad de recuperar figuras que han perdido peso en los últimos años: "Hay que recuperar la figura de la vivienda protegida, tenemos que contar con el sector promotor, tenemos que poner medidas necesarias que tiene mano de obra tan escasa para que se centren en la construcción de viviendas asequibles. Estamos trabajando en medidas concretas y realistas, alejadas de la ideología y centradas en abordar la falta de vivienda a precios asequibles".
En Balears, donde la presión de la demanda se ha traducido en subidas de precios muy acusadas, Mateo Hernández recuerda el impacto de años de escasa promoción efectiva: "No hay viviendas para nuestros residentes. Venimos de ocho años en el que la única apuesta del anterior ejecutivo era la promoción publica y no entregaron ni 500 inmuebles, mientras el precio de venta y el de alquiler subió un 80% y un 90%, respectivamente. No se dieron cuenta de las dimensiones del problema. Nosotros tuvimos muy claro que había que tomar medidas urgentes y tenemos planificadas 5.000 viviendas. Solo en Palma, donde la demanda es más acuciante, se han presentado dos proyectos estratégicos para construir 4.000 viviendas, 1.900 de precio limitado. El primer paso es que quienes residen en nuestra isla tengan acceso a una vivienda".
El equilibrio entre la intervención pública, la seguridad jurídica y los derechos constitucionales también aparece como un elemento central en el debate. Pardo, de Castilla y León lo resume: "Partimos de una base constitucional en la que hay otros derechos como la propiedad, la libertad de empresa o la seguridad jurídica. La oferta tenemos que incrementarla a través de la construcción por parte de las administraciones públicas, pero también desde el lado privado. Nosotros hemos modificado tres veces la orden de precios de vivienda protegida para que salgan los números".
La sobreprotección del suelo y la escasez de espacio disponible complican aún más el panorama en algunos territorios, como recuerda Rodríguez, de Canarias: "Tenemos que dar respuesta sin consumir más suelo, que el 50% en nuestra comunidad está protegido. Cuando alguien no accede en propiedad es un nuevo demandante en alquiler. Es una rueda que tenemos que atajar. Hemos movilizado 300 millones para la construcción de más de 2.000 viviendas y hemos adquirido y rehabilitado edificios inacabados que hoy son viviendas asequibles para la gente de Canarias".
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