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El Gobierno de la Comunidad ha aprobado este viernes la reforma de la ley contra la LGTBIfobia y la ley trans autonómicas. Siete años después de que la cámara autonómica sacara adelante estas leyes con la abstención de los populares, el PP de Isabel Díaz Ayuso modifica ambas para regocijo de Vox, que lleva cuatro años pidiendo que esto se produzca. Rocío Monasterio y su equipo dan por hecho que este hito es un “triunfo de Vox” y aplauden lo sucedido hoy en la Asamblea de Madrid, aunque han afeado a Ayuso que haya hecho lo imposible por tramitar estas leyes por vía de urgencia para que su debate y aprobación coincidieran con el día de la Lotería de Navidad y pasara así más desapercibido. Apenas han tardado un mes en aprobarlas desde que presentaron las proposiciones.
Mientras los conservadores se felicitan por esta reforma, «hoy es un gran día», ha vuelto a repetir el portavoz de Vox, José Antonio Fuster Lamelas, en la oposición de izquierdas el rechazo es absoluto. Tras varias manifestaciones en Madrid y la advertencia del Ministerio de Igualdad de que estará vigilante para que las leyes autonómicas no entren “en colisión” con la nacional ni recorten derechos, la Asamblea ha dado su sí con 81 votos (la suma de PP y Vox) a la modificación de estas dos leyes.
Fuster ha asegurado que seguirán trabajando para «derogar» algún día la ley y ha lamentado que el PP «haya elegido un día en el que los madrileños están a otras cosas», pero ha aplaudido con entusiasmo la reforma antes de enumerar a veintena de asociaciones, muchas de ellas vinculadas a la iglesia católica, y agradecer a distintas personalidades que les han «acompañado» en este proyecto, como el popular Jaime Mayor Oreja.
«Falta de derechos»
«España es un país líder en derechos LGTBI, fuimos pioneros y muchos países nos copiaron», ha apuntado el socialista Santi Ribero al defender el rechazo de su partido a esta reforma y advertir que será una «mancha» para el PP: «Vox está en el sitio donde han estado siempre. Pero a PP habrá que preguntar por qué ha destransicionado en ese camino». El portavoz regional PSOE, Juan Lobato, había denunciado previamente en los pasillos que el cambio «implica falta de derechos»y «elimina cuestiones esenciales que funcionaban con normalidad, como los planes de diversidad en los colegios para facilitar la convivencia y desarrollo normal de todos los alumnos».
Carla Antonelli ha denunciado en nombre de Más Madrid que es una «aberración» que se «recorten» derechos de las personas trans. Y con ironía ha criticado que «es sorprendente que los brazos ejecutores y verdugos» de estas reformas son personas que a pesar de «no pertenecer a este colectivo» les están diciendo «cómo» sentirse e identificarse: «Ahora un meapilas decidirá si somos transexuales». En la misma línea que en el debate previo, Antonelli ha apelado a tiempos pasados y actuales en los que el «miedo y terror» que viven quienes pertenecen a este colectivo y ha repetido que la derecha tendrá «las manos manchadas de sangre» tras aprobar esta ley: «Lo único malo de ser trans es ustedes porque nos hacéis la vida imposible». Su compañera Jimena González ha lamentado que la nueva ley contra la LGTBIfobia «introduce un derecho a discriminar» frente al derecho constitucional al libre desarrollo de la persona. «Señora (Mónica) Lavín, no necesitamos su cariño, queremos derechos», le ha espetado a la diputada popular que ha defendido las leyes.
Por su parte, Lavín, a quien Ayuso no ha escuchado dentro del hemiciclo porque no ha acudido al debate, ha recordado a la izquierda que el PP llevó esta reforma en su programa electoral y lograron la mayoría absoluta que les permite modificar estas leyes. «Se han quedado solos en las calles y en las redes sociales», ha apuntado la diputada popular, que ha insistido en que los textos se han redactado escuchando «a los expertos y a los técnicos de la Cámara» y que con la ley trans «se descriminaliza por fin la asistencia médica».
Menos adoctrinamiento
Los textos finalmente aprobados incluyen hasta 20 enmiendas que el propio PP registró para sus textos, 14 de ellas a la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid (conocida como Ley trans) y 6 a Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid (Ley LGTBI).
El PP suprime en estas leyes la inversión de la carga de la prueba y elimina las cuestiones que puedan interpretarse como adoctrinamiento, aunque permite que se mantengan las guías y protocolos médicos adecuados a los principios de consentimiento informado que en un principio también pretendía suprimir.
En cuanto a la ley trans, los populares buscan con esta reforma limitar la hormonación y suprimir las cirugías de cambio de sexo de los menores, a quienes se les exigirá un informe psicológico antes de someterse a cualquier tratamiento. La idea es asegurar el «acompañamiento constante y serio de profesionales desde la formación de equipos multidisciplinares, en unidades o centros de atención especializados debe ser reforzado». En las enmiendas se ha incorporado que este acompañamiento se mantenga en caso de que la persona decida “desistir o revertir el proceso de cambio de sexo”. Además, marca distancia con la ley estatal al suprimir, dentro de sus competencias, el reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada y lo sustituye por «condición o expresión sexual».
Respecto a la ley LGTBI, el proyecto original buscaba derogar la creación del Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid y eliminar la contribución de las instituciones y poderes públicos en la visibilidad de este colectivo, así como suprimir la formación de determinadas organizaciones.
Asimismo, finalmente desaparece el régimen sancionador en ambas leyes y se remite a la ley estatal.
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