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La nueva Ley de Universidades que está desarrollando la Comunidad de Madrid incluirá «un régimen sancionador específico con sanciones para el vandalismo, la ocupación o los escraches», destinados a mantener «el orden y el decoro» y garantizar el «buen funcionamiento» de la vida académica. Así lo ha adelantado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, en un encuentro informativo en el que ha hecho balance de la labor del área en estos primeros 12 meses de legislatura.
«Queremos defender la libertad de expresión en la universidad pública, pero dentro de unos límites y desde luego respetando siempre la legalidad«, ha afirmado el consejero, preocupado porque «existan actuaciones que muchas veces no están previstas en la norma y que no permiten una actuación ni por parte de la propia universidad ni por parte de la Comunidad de Madrid».
Cuestionado por ejemplos, Viciana ha evitado aclarar la mención a los escraches y se ha referido al caso de protestas en las que «se invade la vía pública o se bloquean los edificios impidiendo el acceso de los estudiantes». Para estos y otros supuestos que no ha querido especificar, la norma recogerá distintas sanciones que podrán ser económicas y «de otro tipo». «Lo que haremos será hacer una gradación del tipo de infracciones para determinar las que sean leves, graves o muy graves, y luego en función de eso establecer las sanciones correspondientes», ha detallado.
Sean cuales sean finalmente, estas sanciones se impondrán a los centros universitarios, no a los estudiantes responsables de estos actos, tal como ha aclarado Viciana a preguntas de los periodistas presentes en el encuentro. «Nosotros lo que queremos es sancionar a las instituciones que no cumplen y, sobre todo, garantizar que se pueda ejercer la actividad universitaria», ha matizado el jefe de la Consejería, antes de añadir que el objetivo de Educación es «establecer un marco y una regulación que sirva para prevenir que se produzcan este tipo de situaciones». No obstante, Viciana ha rehuido detallar en qué se traducirán estas sanciones institucionales en términos prácticos.
Una norma «ambiciosa» orientada al futuro
Tras anunciar en septiembre de 2023 que estaba trabajando en la norma, la Comunidad de Madrid presentó el pasado mes de junio el primer borrador de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia. Con un planteamiento «ambicioso» y «enfocado al futuro», en palabras de Viciana, el texto desarrolla a nivel autonómico la ley estatal aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Entre otras cuestiones, la ley contempla aspectos como una financiación asociada a objetivos, un distrito único de prácticas o el requisito del español para extranjeros que cursen másteres y doctorados en la región. Asimismo, la norma propone constituir un único Consejo de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid, que englobe al hasta ahora Consejo Universitario, y el Consejo de Ciencia y Tecnología, así como las enseñanzas superiores.
Según el consejero de Educación, la futura norma pretende dar respuesta a «grandes desafíos» como la internacionalización de la universidad, su financiación, la actualización del sistema de investigación y ciencia, la conexión entre la FP y la universidad, el reconocimiento de las universidades privadas y las escuelas de negocios, la defensa de la libertad y pluralidad o el lugar las enseñanzas artísticas y deportivas.
Esperan tener la ley aprobada a finales de año
Tal como ha detallado Viciana, la Consejería de Educación confía en tener la norma en vigor a lo largo del 2025. Según el calendario que maneja el departamento, a lo largo de este mes de julio se presentará el borrador a los distintos agentes implicados -los rectores de las universidades públicas y privadas, los consejos sociales y los estudiantes.
Una vez valorado el borrador por estos entes y recibidos sus comentarios y propuestas, Educación espera poder someter la norma al trámite de información pública a principios de septiembre, con la previsión en mente de poder presentarlo ante la Asamblea de la Comunidad de Madrid a finales del próximo otoño. Si se cumplen estos plazos y nada se tuerce por el camino, la norma podría estar aprobada definitivamente a comienzos del siguiente año.
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