Carne deshebrada: Brote de listeriosis: La Justicia declara civilmente responsable al Ayuntamiento de Sevilla

Carne deshebrada: Brote de listeriosis: La Justicia declara civilmente responsable al Ayuntamiento de Sevilla


Los propietarios de Magrudis y un veterinario de la ciudad han sido acusados ​​​​por un brote que ha matado a cuatro personas.

RC

El Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, que investiga el brote de listeriosis relacionado con la empresa Magrudis SL ocurrido en el verano de 2019, ha dictado un auto en el que acuerda continuar la tramitación del procedimiento abreviado contra un total de siete personas fueron investigadas en el proceso, mientras que se inició el proceso contra otras cuatro personas.

En concreto, se trata de José Antonio MP, administrador de hecho de la sociedad Magrudis SL; su esposa, Encarnación RJ, responsable de la producción y puesta en marcha del sistema de autocontrol de la empresa; sus hijos Sandro José MR, administrador único de la citada sociedad, y Mario MR, administrador único de Elaborados Cárnicos Mario SL; Sergio LG, arquitecto técnico; David MM, economista y asesor financiero de Magrudis, y María José OB, inspectora veterinaria municipal.

En auto notificado a las partes hoy miércoles, el juez acuerda continuar la causa contra cinco de los investigados — Sandro José MR, José Antonio MP, Mario MR, Encarnación RJ y María José OB — Magrudis SL y Elaborados Cárnicos Mario SL por un delito contra la salud pública en competencia ideal con cuatro delitos de homicidio culposo, seis delitos de lesión al feto por culpa grave con resultado de aborto y 244 delitos de lesión por culpa grave, ha explicado el Ayuntamiento de Sevilla y la compañía de seguros AXA SA.

El instructor cree que el Ayuntamiento de Sevilla debe ser responsable civilmente al considerar que se habría producido «un déficit y una medida anómala del servicio público que debe prestar este consistorio», y analiza en este sentido la medida desarrollada por el Ayuntamiento veterinario que inspeccionó las instalaciones de Magrudis, quien “cuenta atrás y omite algunas evaluaciones, no toma muestras de producto, no revisa superficies ni examina muestras del ambiente interno, es decir, no verifica exactamente si la instalación cumple con las condiciones, aunque está obligado evaluar todos los apartados del sistema de evaluación, valorando el riesgo potencial, el nivel de cumplimiento, la confianza en la dirección, el sistema de autorregulación y la historia de la empresa», lo que «implica que no realiza ninguna otra inspección que su posible responsabilidad penal por los hechos investigados respecto de F posee.

El mánager de Magrudis, José Antonio Marín, y su hijo mayor, Sandro / EFE

Asimismo, el juez acuerda continuar el proceso contra Sandro José MR, José Antonio MP y Sergio LG por un presunto delito de falsedad en documento oficial, así como contra David MM, José Antonio MP, Sandro José MR, Encarnación RJ y Mario MR por un delito menor de fraude de fluido eléctrico.

El juez también acuerda iniciar diligencias en relación con otras cuatro investigaciones y remitirá personalmente el caso al Ministerio Fiscal y, en su caso, a la Fiscalía, para que soliciten, en el plazo habitual de diez días, la apertura de la procedimientos judiciales, orales, formular una acusación por escrito o abandonar el caso.

«Malas prácticas» de Magrudis

En concreto, el juez interpuso la demanda contra Antonio y Domingo ML, al considerar que «no tuvieron connivencia con Magrudis, ni intervinieron en el proceso de elaboración de los productos que esta empresa elaboraba y distribuía, permitiéndoles unirse desconociendo la presencia en algún momento de “listerosis monocytogenes en algunos productos en febrero de 2019”, mientras que también se interpuso en referencia a Federico RD, “quien nunca se ha relacionado con la empresa Magrudis y se limitaba a vender sus productos como publicidad”, y en relación con Isabel RJ, porque “sólo consta que trabajaba en Magrudis y se dedicaba a la facturación y contratación de mano de obra, pero no que interviniera o tuviera poder de decisión en la elaboración y producción de alimentos.

En el auto, el juez señala que el procedimiento se inició por una declaración de la Guardia Civil que puso en marcha la operación denominada “Monocy”, que investigaba una serie de actividades ilícitas a través de las cuales “se incluiría en la cadena de comercio de alimentos para personas que contienen carne con Listeria monocytogenes en niveles que la harían no apta para el consumo humano» debido a «mala conducta en el manejo y procesamiento de productos cárnicos» que han resultado en «envenenamiento masivo con resultado de muerte y lesiones en fetos» durante abortos y Traumatismos en todo el territorio nacional y en particular en la Comunidad Autónoma de Andalucía”, dando lugar a la emisión de una alerta sanitaria a nivel nacional y europeo por parte de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Salud Pública”.

Esta «alerta sanitaria» centró el brote de listeria en las instalaciones de la empresa Magrudis, afirma el juez, que recuerda el peritaje realizado durante el procedimiento para destacar que «las malas prácticas llevadas a cabo por esta empresa» y el incumplimiento con los requisitos mínimos de la Inocuidad de los Alimentos son las causas más importantes y determinantes” del asunto investigado.

El barco de la empresa Magrudis | REUTERS

“La propagación del brote se debió a la falta de transparencia de Magrudis, que no comunicó desde el primer minuto el tipo de productos fabricados, el tipo de productos distribuidos y los respectivos lotes (trazabilidad completa y transparente)”, recuerda el on Evaluar la base de este informe.

800.000 euros en costes hospitalarios

A juicio del juez, «el producto insalubre se puso en el mercado y se perdió el control del riesgo generado, lo que implica que si bien no habían previsto el resultado, conocían esa posibilidad y la probabilidad de que el producto, una vez que están en el mercado». mercado podría dañar la salud de los consumidores, como ha sucedido, eludiendo todas las obligaciones legales para garantizar que los productos alimenticios cumplan con los criterios orgánicos pertinentes.

El instructor señala que los costes que ha ocasionado el brote de listeriosis en la sanidad pública -al menos los costes que han ocasionado los servicios que prestan los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena de Sevilla- ascienden a unos 800.000 euros.


Felipe Tordero

Felipe Tordero

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