Andalucía ya ha acogido a más de 9.400 ucranianos que huían de la guerra

Andalucía ya ha acogido a 9.472 refugiados ucranianos que huían de la guerra desatada en su país el pasado 24 de febrero a raíz de la invasión rusa. De ellos, más de 2.500 son menores, para los que el Consejo de Gobierno aprobó este martes el decreto legislativo que regula su residencia y cuidado.

Esta norma, presentada por el Ministerio de Igualdad, Política Social y Mediación, se aplicará mientras dure la situación que sufre este país a consecuencia de la guerra, que ya ha dejado más de 14 millones de desplazados.

La crisis humanitaria desencadenó una ola de solidaridad en Andalucía y miles de familias se ofrecieron a acoger a menores, muchos de los cuales abandonaron su país solos o protegidos por sus familias. Actualmente hay 2.577 menores ucranianos matriculados en un colegio de Andalucía.

El decreto ley aprobado por la junta, con vigencia de un año y renovable cada seis meses mientras dure el conflicto, pretende encauzar esta situación ya que las crisis humanitarias derivadas del conflicto armado, según el vocero de la junta, Elías Bendodo, pueden ser un escenario propicio para la propagación de la trata y trata de personas y otras violaciones de derechos, especialmente de menores de edad.

Uno de los aspectos que regula la norma es la forma en que se declara la elegibilidad de las familias ofrecidas para el acogimiento familiar, ya que la estancia en familias no es la medida de protección del cuidado familiar prevista por la legislación en el Código Civil. Ello se debe a que estos menores no presentan los indicadores de riesgo o desprotección previstos en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Por ello, las entrevistas y los informes de quienes se ofrecen para ser acogidos en familias de acogida deben estar orientados al cuidado de estos niños y jóvenes, pero siempre desde el punto de vista de la autoridad central de Ucrania y en el marco de la orden jurídico internacional.

En este caso, la tutela provisional tiene una duración de un año y, dependiendo del conflicto armado, puede prorrogarse automáticamente cada seis meses hasta un máximo de un año. Por ello es necesario regular el ejercicio de esta tutela provisional a través de la derogación aprobada este martes por la Junta.

Según este Decreto Legislativo, corresponde a la Junta de Andalucía, entre otras, velar por que los menores reciban la atención adecuada, asumir la guarda provisional y realizar la búsqueda activa del paradero de sus padres o personas que ejerzan la tutela, así como de otros familiares o parientes.

El decreto ley establece que todos los menores que tengan nacionalidad ucraniana o residencia habitual en Ucrania y que se hayan desplazado a Andalucía con motivo de la guerra y que no vayan acompañados de sus padres o personas que ejerzan la tutela deben ser registrados.

Por su parte, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ya ha prestado atención médica a 12.400 refugiados, de los que 11.113 han recibido atención básica; 438 fueron atendidos en urgencias y 980 ingresados ​​en hospitales. De estos, 564 son niños.