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Amnistía Internacional ha mediado en la polvareda que ha levantado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al justificar que durante la primera ola de covid no se trasladara a los residentes infectados a los hospitales con el argumento de que «cuando una persona mayor estaba gravemente enferma, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio». Ayuso salió de esta forma al paso de la publicación de los informes de la policía municipal que demuestran que, entre marzo y abril de 2020, las residencias tuvieron que afrontar casi en soledad y con grandes dificultades el envite del virus, en medio de los llamados ‘protocolos de la vergüenza‘, que impedían derivar a los ancianos infectados y dependientes a los hospitales.
La presidenta madrileña ha negado que se prohibieran en bloque los traslados, «que fueron miles y miles y eran decididos por médicos y geriatras, no por políticos como se está diciendo». Sin embargo, la responsable de investigación de Amnistía Internacional (AI), Carmen Miquel Acosta, ha asegurado en la Asamblea de Madrid que la decisión de no derivar «no se aplicó de forma individualizada» y después de realizar un triaje médico al enfermo, sino «en bloque«. «Fue una exclusión generalizada […] y no es que se les haya atendido en un momento u otro, sino que no se les ha atendido en ningún lugar“Porque no se hizo la medicalización de las residencias”. Esos fueron ellos abandonados a su suerte y hubo violaciones de derechos humanos”, denunció en la Comisión de Familia de la Asamblea de Madrid.
La portavoz de AI ha indicado que durante la primera ola, tal como ha documentado la oenegé en un informe titulado precisamente ‘Abandonados a su suerte’, en varias partes de España, pero especialmente en Madrid y Catalunya, hubo una «falta de medidas y de decisiones adecuadas» que provocó que se «vulnerara los derechos» de las personas mayores que viven en residencias, como el derecho a la vida o la muerte digna.
La investigación
La diferencia es que en Catalunya se creó una comisión de investigación parlamentaria sobre la gestión de los geriátricos que ha concluido que las inspecciones fueron «deficientes» y la hospitalización «desigual», sin señalar culpables; mientras que en Madrid no ha habido una investigación equiparable y Ayuso se dedica a echar balones fuera. «Están a punto de acusarnos de genocidio y no lo voy a tolerar», ha sostenido respecto a las críticas de la izquierda que se han acentuado, en los últimos días, con la publicación de los atestados policiales.
A este respecto, la portavoz de Amnistía ha asegurado que «no se ha investigado, de forma exhaustiva» la gestión de las residencias durante el primer pico de coronavirus, por lo que ha exigido «la reapertura» de los procesos judiciales y que todas las instituciones implicadas «revelen la información que tienen y no se mire para otro lado, porque hubo vulneraciones de los derechos humanos que deben ser reparadas».
El nuevo modelo
Ante ello, ha indicado que «es importante» que el Gobierno y las comunidades se pusieran de acuerdo, hace año y medio, para cambiar el modelo de residencias, con criterios comunes de acreditación de las mismas, pero ha dejado claro que a Amnistía Internacional le parece «preocupante» que se hayan impulsado los cambios «sin llevar a cabo una investigación para aprender del pasado». «Si queremos decir que queremos cumplir los derechos humanos y tener un nuevo modelo, tenemos que mirar al pasado», ha subrayado.
Asimismo, ha indicado que el nuevo modelo tiene «lagunas importantes» como que no incluya un número mínimo de inspectores, un aspecto que, en su opinión, «se ha dejado en manos de las comunidades y hay que incluir transparencia en las inspecciones, tanto en las visitas como en los resultados».
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