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Para el fiscal, la publicidad del fallido Campus de la Justicia solo funcionaba en un sentido: promocionar, como si de un «parque temático» se tratara, un faraónico e incompleto proyecto que costó más de cien millones de euros a la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, donde no funcionaba la publicidad era en la adjudicación de los contratos, que se habrían otorgado ‘a dedo’ y de forma «irregular» a empresas afines mediante un «plan criminal» encabezado supuestamente por Alfredo Prada, exvicepresidente y exconsejero de Esperanza Aguirre en el gobierno autonómico.
Por ello, hoy, durante las conclusiones del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, la Fiscalía ha mantenido su petición de cárcel para Prada por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la fallida construcción de Campus de la Justicia.
Las presuntas irregularidades en la planificación de este faraónico proyecto —que, quince años más tarde, está intentando revitalizar ahora la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso—, podrían llegar a suponer ocho años de prisión y 13 de inhabilitación para Prada, que pide para sí mismo la absolución. Para los otros cinco acusados, el Ministerio Público solicita a la Audiencia Nacional que se les condene a seis años.
Un «parque temático»
El fiscal ha sido hoy especialmente incisivo a la hora de criticar la forma en la que se gestionó la publicidad que rodeó a Campus de la Justicia, empezando desde la Comunidad de Madrid que encabezaba Esperanza Aguirre.
«Esto se convirtió en un parque temático en el que lo único que importaba era la publicidad del proyecto por parte de la Comunidad de Madrid. Folletos, autobuses, paseos guiados… Y eso a pesar de que quedaban años hasta que supuestamente fuera inaugurado. Nadie, ni la empresa privada, lo hace así», expuso el fiscal.
Este modus operandi, sin embargo, no se habría trasladado a la forma en que se repartieron los contratos, y, por lo tanto, los millones de euros que conllevaba.
Tanto la Comunidad de Madrid, que ejerce como acusación particular, como la Fiscalía, pusieron como ejemplo paradigmático al arquitecto Norman Foster, al que había que contratar «sí o sí» y que se llevó un ‘encargo’ de más de 13 millones de euros sin que constase la «justificación» técnica necesaria.
Documentación destruida
Por su parte, el abogado de Prada, que ha criticado que el proceso se erija sobre unas «bases irreales», ha mantenido durante el proceso que parte de la documentación ha sido destruida por la Comunidad de Madrid, lo que provoca, por ejemplo, que sea más difícil cuantificar el perjuicio que se le ha causado al erario público.
«No existe sustracción ni destrucción de papeles, sino que realmente no existieron esos documentos porque no se quiso elaborarlos», apuntó sin embargo el fiscal. «Lo que se destruyeron fueron libros de Norman Foster y folletos publicitarios».
Durante el juicio, además, los testigos han ido apuntando a Prada como el «responsable último» de todo lo que se cocinaba en la planificación de Campus de la Justicia, aunque durante su declaración él insistió en que no dispuso de los fondos «caprichosamente» ni le advirtieron de estar cometiendo ninguna irregularidad.
«El señor Prada no es el órgano de contratación porque lo hayan testificado aquí, sino que lo dicen las propias normas de la Comunidad de Madrid, que determina que el órgano de contratación no es un sujeto abstracto, sino las personas que lo representan», ha explicado hoy el representante del Ministerio Público.
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