La junta y el gobierno aclaran el futuro de la ley estatal con un acuerdo que evita ir a la corte constitucional

La Junta de Andalucía y el Gobierno central han llegado a un acuerdo que aclara el futuro de la nueva Ley del Suelo Autonómico, evitando así el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el ejecutivo de Pedro Sánchez contra parte del contenido de esta norma, según han confirmado fuentes del ministerio para el desarrollo, la articulación del territorio y la vivienda

El Gobierno central discrepa sobre la constitucionalidad de 42 artículos y algunas disposiciones de la Ley para Fomentar la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (lista), uno de los proyectos destacados del ejecutivo de Juanma Moreno en la pasada legislatura para impulsar el urbanismo y promover el Desarrollo en las comunidades andaluzas.

Este acuerdo definitivo resuelve las discrepancias relativas a la interpretación y aplicación de algunas normas impugnadas por la Administración del Estado de conformidad con la Legislación Básica, por lo que se contempla la obligación de modificarlas mediante disposición legislativa adicional. , además de ser tenido en cuenta en la futura regulación, también en la fase de liquidación.

El acuerdo, que ahora ha de publicarse en Boja, se alcanzó en el marco del grupo de trabajo constituido por ambas administraciones en la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Resolución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación de la Administración General del Estado Comunidad Autónoma de Andalucía.

La ministra de Obras Públicas, Marifrán Carazo, valoró el acuerdo, que consideró "de gran importancia" ya que evita la demanda de inconstitucionalidad por parte del Estado y fortalece la seguridad jurídica de la norma que regula la ordenación del territorio y el urbanismo. en Andalucía desde el pasado mes de diciembre". A su juicio, "es una solución muy sencilla que no afecta en nada al fondo de la ley porque, como ya hemos dicho, la ley no vulnera ninguna jurisprudencia ni normativa aplicable".

La ley del suelo se enfrenta a un último escollo legal, paralelo al camino que puede tener la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por más de 50 diputados de Unidas Podemos y diputados al Congreso de ERC, Más País, Compromís y Nueva Canarias, y que se permitió tramitar a través de la TC.