El TSJEx vuelve a pronunciarse en contra de la subida del 2% de los salarios de los funcionarios en 2020

Ya lo hizo en octubre del año pasado y ahora ha vuelto a hablar. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha desestimado el recurso de los sindicatos -esta vez presentado por CSIF, UGT y CC OO- contra la Junta de Extremadura por la subida del 2% del salario de los funcionarios respecto al año 2020.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo insiste en que la administración autonómica no está obligada a aplicar este incremento en las nóminas de sus trabajadores.

Los sindicatos decidieron recurrir a los tribunales después de que la Junta de Extremadura no respondiera a su pregunta, por lo que se dio por cerrada por silencio administrativo, tanto que la subida salarial del 2% del salario base y el destino complementario de empleados públicos de la Administración Autónoma a partir de 2020.

El recurso interpuesto contra este silencio fue desestimado por el TSJEx, que condenó a los demandantes al pago de 3.000 euros en costas judiciales.

En la sentencia, la Sala recuerda que ya se había pronunciado -posteriormente con un recurso interpuesto por la PIDE- sobre las cuestiones planteadas en el caso sindical y que los argumentos entonces esgrimidos "son plenamente aplicables al presente caso".

Además, en la motivación, recupera fragmentos de aquella frase anterior para destacar que el Estado fija "incrementos salariales máximos que las administraciones públicas no pueden superar" y que "es claro el precepto al establecer que los salarios del personal al servicio del sector serán no podrá experimentar un incremento global superior al 2%, pero este incremento no tiene por qué ser necesariamente obligatorio.

aumento reciente

La sentencia del TSJEx sobre esta demanda no tiene relación con la subida de sueldo de los empleados de la Administración Regional que aprobó en enero el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Se trata de un aumento del 2% para los 45.000 funcionarios.

Con esta disposición, que tendrá un impacto de 49 millones de euros, la Diputación da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Autonómicos para este año, que a su vez se ajusta a lo permitido por la Ley de Presupuestos del Estado. La aprobación del Consejo de Gobierno era el proceso que faltaba para su implementación.