El bono de transporte se está convirtiendo en un arma política en Madrid y amenaza con abrir un nuevo frente legal al gobierno de Ayuso
La decisión de la Comunidad de Madrid de exigir el empadronamiento para expedir el abono transporte desde este lunes ha terminado por convertirse en una nueva batalla política. Una batalla en la que tiene mucho que ver el momento en que se ha decidido adoptar la decisión, con un proceso de regularización extraordinaria de extranjeros abierto y con el ruido de fondo de la "prioridad nacional" agitada por Vox. La oposición regional vincula directamente con ello una medida que se tacha de "racista" y anuncia una batería de iniciativas para tratar de frenarla entre las que no se descarta el recurrir a los tribunales, pero también desde el Gobierno central se llama a Isabel Díaz Ayuso a rectificar en una polémica en la que ha entrado Renfe en cuanto operador de Cercanías, cuyos servicios también están cubiertos por la Tarjeta de Transporte Público Personal.
El Gobierno regional aduce que la disposición, publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), no hace sino dar cumplimiento a algo que ya estaba contemplado en el reglamento del Consorcio Regional de Transportes desde 2011. La propia presidenta de la Comunidad de Madrid expresaba este lunes el principio que hay detrás. "El contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90% de transporte público, lo utilice o no lo utilice. Además, hay que seguir modernizándolo, ampliándolo, y las nóminas de los trabajadores, el servicio de uno de los mejores transportes públicos del mundo, hay que pagarlo", señalaba.
Pero que se haya tardado 15 años en empezar a exigir el empadronamiento ha levantado las suspicacias. En el Ejecutivo de Ayuso se argumenta que si se ha retrasado tiene que ver con circunstancias como "limitaciones tecnológicas" o el estallido de la pandemia.
La obligatoriedad de aportar el certificado de empadronamiento, que no tiene carácter retroactivo y, por tanto, no afecta a tarjetas ya emitidas, pero sí en el caso de que, ante extravíos u otras circunstancias, haya que solicitar un duplicado, deja fuera a colectivos que hasta ahora venían accediendo al abono transporte, entre ellos estudiantes y trabajadores desplazados de otras regiones, o migrantes con dificultades para acceder al empadronamiento. Del total de tarjetas emitidas hasta ahora, estima el Consorcio Regional de Transportes, los usuarios no residentes representan aproximadamente el 3,4% del total, unas 200.000 personas.
La presidenta madrileña anunciaba este lunes que desde su Ejecutivo se promoverá la firma de convenios con otros gobiernos autonómicos para que estudiantes desplazados puedan optar a la Tarjeta de Transporte Público Personal sin necesidad de empadronamiento, una circunstancia que ya se da con usuarios de provincias limítrofes de Castilla y León y de Castilla-La Mancha a las que llega la red de transporte público común. Pero el hecho de que lo que desde la oposición regional se califica de "rectificación" se limite a los estudiantes sirve a la izquierda para enfatizar el discurso de que Ayuso se alinea con Vox.
Ya el fin de semana, después de que se conociera la medida, la ministra de Sanidad y futura candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas, Mónica García, acusaba a Ayuso de "seguir la prioridad nacional de Vox". El también ministro y secretario general del PSOE-M, Óscar López, tachaba la medida, por su parte, de "racista y excluyente", mismo término, el de "racista", que empleaba este lunes la portavoz de su partido en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar.
Los socialistas ya han registrado una proposición no de ley en la Asamblea de Madrid para instar al Ejecutivo regional a retirar la obligatoriedad del empadronamiento pero ante la imposibilidad de que se debata antes de verano, pues la cámara de Vallecas celebra este jueves el último pleno de este periodo de sesiones, anticipan que encontrarán la forma de que se hable del asunto en la sesión de esta semana.
Más Madrid también ha registrado una proposición no de ley y una pregunta oral en pleno al Gobierno sobre el asunto, pero además estudia posibles herramientas legales para revertir la resolución. "Nuestro equipo jurídico está estudiando medidas legales contra esta medida que daremos a conocer en los próximos días", anunciaba este lunes su portavoz regional, Manuela Bergerot, quien insistía, además en esa identificación de Ayuso con la ultraderecha a la que la oposición de izquierdas viene fiando su estrategia. Bergerot le daba las gracias a Ayuso por ser "tan sincera": "No necesita la ayuda de Vox para hacer las políticas de Vox".
Desde la formación ultra se entiende, en cambio, que el empadronamiento es "insuficiente" mientras se anotan el tanto. "El paso se ha dado porque Vox está aquí", se ufanaba este lunes la portavoz de los de Abascal en la Asamblea madrileña, Isabel Pérez Moñino. En el partido se da por hecho que Ayuso perderá la mayoría absoluta y el PP necesitará de su apoyo para gobernar en la Comunidad de Madrid a partir de las próximas elecciones.
El asunto ha saltado, no obstante, de la arena regional. El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, se refería a los convenios para estudiantes con otras autonomías que Ayuso ha anunciado como "un parche", pero sobre todo ha insistido en instar a la presidenta madrileña a rectificar y abandonar "la dinámica del boicot a los que no sean de Madrid". El delegado, en permanente enfrentamiento con las administraciones regional y local, insiste en el mensaje de un Vox que "le come la tostada" a la presidenta madrileña.
También desde Renfe se ha llamado la atención. Fuentes de la compañía que preside Álvaro Fernández Heredia trasladan su oposición a cualquier medida que suponga "la segregación de los usuarios o la diferenciación en el acceso a derechos y servicios públicos". Desde la compañía se acusa al Consorcio Regional de Transportes de actuar al margen de los mecanismos de coordinación institucional y se solicita la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento para abordar esta cuestión. Las relaciones entre administraciones en este punto son particularmente hostiles a cuenta del funcionamiento de Cercanías.
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