REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES | El gobierno ya ha emitido más de 91.500 permisos a migrantes en los primeros 35 días de legalización, tras recibir 549.506 solicitudes
El Gobierno ha recibido 549.506 solicitudes en el proceso de regularización extraordinaria de migrantes en los primeros 35 días, desde que se inició el proceso el pasado 16 de abril. De este volumen de solicitudes, el Ejecutivo ha dado ya permisos provisionales de residencia y trabajo a un total 91.505 solicitantes, cuyos expedientes han sido admitidos a trámite tal como establece el decreto pactado entre el Gobierno y Podemos. Es decir, el 16,6% de los solicitantes ya han obtenido los derechos, en un proceso que ha acumulado 15.700 solicitudes diarias.
Así lo trasladó este viernes la Abogacía del Estado al Tribunal Supremo en el marco de la vista donde se exponen cinco recursos que solicitan la suspensión de la regularización de migrantes como una medida cautelar, entre los solicitantes está la Comunidad de Madrid, Vox y la asociación Hazte Oír.
En una de las intervenciones del abogado del Estado, detalló el número de solicitudes recibidas y admitidas a trámite a fecha de ayer, jueves 21 de mayo, apelando a que la concesión de permisos de residencia y trabajo "no es automática", sino que responde a un "chequeo" previo y una "comprobación de requisitos esenciales para su concesión", y empleaba los datos de solicitudes y de concesión de permisos provisionales para argumentar esa solicitud.
Respondía así uno de los argumentos principales que han atravesado la sesión, donde las distintas partes que solicitaban la suspensión cautelar justificaron esta medida en el riesgo de generar "derechos consolidados" durante el proceso de regularización, al considerar los "efectos inmediatos" que tiene el proceso.
Así, desde la Comunidad de Madrid destacaron que "los efectos son absolutamente inmediatos", puesto que "la mera admisión a trámite de la solicitud produce efectos automáticos". Así, el representante del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destacó que "la producción de efectos inmediata debe ser paralizado", al considerar que los efectos generados serían difícilmente reversibles en caso de que el Tribunal Supremo termine tumbando alguna parte de la norma que lo regula.
"Una vez que se produzcan estos efectos, creemos que la sentencia que pueda dictarse tiene difícil retrotraer los efectos ya consolidados. Es más perjudicial que una vez reconocidos los efectos jurídicos de la regularización, estos dejen de tener vigencia", señaló el representante de la comunidad de Madrid.
El representante también apeló a un segundo argumento: la necesidad de dimensionar sus servicios públicos en base a los nuevos residentes: "El alcance es de una solicitud muy relevante y esto va a incidir en los servicios públicos de Madrid y es lo que invocamos en esta cautelar", detalló el representante, que señaló que "se va a obligar a adaptar los servicios públicos", apuntando a sistemas de becas y la emisión de tarjetas sanitarias.
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