MUERTES EN COMPLEJOS RESIDENCIALES | Un ex alto cargo de Ayuso confirma que los protocolos de dormitorio ya estaban incluidos en el plan anti-Covid de marzo de 2020
El que fuera exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de coronavirus, Carlos Mur, ha vuelto a comparecer este martes ante la justicia, concretamente ante la titular de la plaza número 37 de Instrucción de Madrid, Purificación Romero, a la que ha reconocido que los protocolos de derivación de residentes a hospitales durante la pandemia estaban ya incluidos en un plan de acción frente al coronavirus presentado por el exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero el 12 de marzo de 2020.
Mur, que ha declarado por videoconferencia desde Andorrra, había sido citado junto a otros dos ex altos cargos del Gobierno de Ayuso --que no han comparecido finalmente por problemas en su citación judicial-- ,esta vez por la querella presentada por una mujer cuya madre vivía en la residencia Manoteras de Madrid durante la primera ola del covid.
El pasado 23 de enero Mur ya compareció ante otro juzgado, el número 23, donde declaró que los denominados 'protocolos de la vergüenza' que evitaron la hospitalización de ancianos procedentes de las residencias tenían sentido siempre que estos centros estuvieran medicalizados, y que de hecho esa era la intención que tenía sobre la mesa la Consejería de Sanidad durante la gestión de la crisis por el covid.
Este martes también estaban citados Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el ideólogo del protocolo de actuación en los centros y sucesor de Mur y Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112), que se encargaba de gestionar las ambulancias públicas, si bien dichas comparecencias deberán solventarse más adelante.
Denegación de asistencia
En la querella se acusa a los investigados de la presunta comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que vivían en residencias. La abogada de la denunciante, la letrada Alejandra Jacinto, ha destacado al término de la declaración que Mur ha añadido este martes "elementos nuevos" a los que ya manifestó el pasado 26 de enero, lo que permite seguir avanzando en la aclaración de lo sucedido durante lo peor de la pandemia en Madrid.
El ex alto cargo madrileño ha señalado a la jueza, según detallan fuentes de la acusación, que los supuestos protocolos discriminatorios ya estaban incluidos en el plan de acción anunciado en rueda de prensa entonces por el que era máximo responsable de la Consejería de Sanidad. Ante ello, la letrada ha adelantado que solicitarán al juzgado que se aporte a la causa dicho plan, ya que se trata de "una información que hasta ahora no se había brindado y que es un plan desconocido porque no se dispone de él".
Sala de actividades en una residencia de ancianos. / El Periódico Extremadura
"La Consejería de Sanidad y en concreto Ruiz Escudero, estaban al tanto de esos protocolos y estaba al tanto el señor Burgueño --el exasesor Antonio Burgueño--. Tanto es así que luego se incluyeron en el plan de acción que presentó el propio Ruiz Escudero el día 12", ha subrayado la abogada ante la prensa.
El plan anunciado en su día por Ruiz Escudero incluía medidas como la coordinación de la sanidad pública y privada, la ampliación de camas de UCI, la creación de seguimiento sanitario intermedio en hoteles y la "medicalización" de las residencias de mayores para que los contagiados fuesen atendidos ahí mismo. Sobre esta cuestión, Mur ha explicado a la magistrada, según las mismas fuentes, que el 20 de marzo de 2020 remitió un correo al exconsejero de Sanidad en el que alertaba de que la medicalización de las residencias era algo "irrealizable".
La jueza le ha preguntado también sobre por qué no fueron trasladados a hospitales privados residentes y si contaban con la información de las camas disponibles en dichos centros hospitalarios, a lo que ha manifestado que "no sabía" y que "no tiene esa información".
Esta última declaración viene a sumarse a otras realizadas en los últimos meses que la acusación considera claves para reactivar la instrucción. Varios jueces se inhibieron de sus causas a favor de otra magistrada, la de la plaza número 3 de Instrucción de Madrid, con la finalidad de unir los mismos hechos en una misma macrocausa. Pero la jueza María Isabel Durántez rechazó la solicitud y, tras un recurso de la Fiscalía, esa posibilidad ahora está en manos de la Audiencia Provincial de Madrid.
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