Ayuso rechaza la propuesta de vivienda de Sánchez antes de que se discute la Conferencia de Presidentes: "Es una interferencia inaceptable"
No ha esperado a llegar a Barcelona para decirle que no. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha escrito una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para anunciarle que la Comunidad de Madrid no se adherirá a la propuesta de un pacto por la vivienda que lanzó ayer de cara a la Conferencia de Presidentes que se celebra mañana. El plan de Sánchez, argumenta en su escrito Ayuso, supone "una injerencia inaceptable" en una materia que es competencia de las comunidades autónomas.
"La vivienda es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas", escribe la dirigente madrileña. "Intentar dirigir nuestras políticas desde el Gobierno de la nación, con condiciones impuestas y medidas uniformes, es una injerencia inaceptable".
No es el único pero que le pone la presidenta a la propuesta de Sánchez. Además de "vulnerar claramente la distribución competencial establecida en nuestra Constitución", la invitación al acuerdo, es "improvisada". No se basa en un debate previo en el seno de la Conferencia Sectorial de Vivienda y "se nos comunica por carta 48 horas antes de la celebración de la Conferencia de Presidentes". A juicio de Ayuso, carece no solo de planificación, sino también de "respaldo presupuestario".
Ayuso cierra su misiva con "un fuerte abrazo", pero es prácticamente lo único bonito que hay en ella. La presidenta madrileña comienza por pedirle a Sánchez que derogue la ley de vivienda, "una norma intervencionista, profundamente ideológica y técnicamente fallida" que, además, afirma, "favorece la ocupación ilegal y la inquiocupación", un asunto sobre el que viene haciendo bandera en su confrontación con Moncloa.
En el texto se acusa, además, al Gobierno de utilizar la financiación como "herramienta de imposición política y chantaje". La propuesta de Sánchez pasa por triplicar la inversión en vivienda de forma que el Estado asuma el 60% y las autonomías el 40% restante. Ayuso reprocha que "sin Presupuestos Generales del Estado" ese compromiso "carece de respaldo real". "No es creíble tu ofrecimiento de triplicar la inversión en vivienda, habida cuenta de los antecedentes de vuestros anteriores anuncios relativos a la construcción de 184.000 viviendas o la empresa pública de vivienda", apunta.
El proyecto del presidente del Gobierno también pasa por blindar de manera indefinida la calificación de vivienda protegida. Una cuestión a la que, de nuevo, Ayuso se opone. La vivienda protegida promovida por la propia Comunidad, asegura la presidenta, ya tiene carácter indefinido, pero en su criterio, extender esa obligatoriedad a la vivienda protegida de promoción privada supone "un grave perjuicio" a promotores y familias que no serviría sino para "cronificar" la dependencia respecto de las Administraciones públicas. "Que es lo que, lamentablemente, pretendéis habitualmente hacer el Ejecutivo que presides y vuestros socios", se permite añadir.
En cuanto a la creación de una base de datos pública para un mejor conocimiento de los precios, la mandataria madrileña habla directamente de que es un intento "muy preocupante" de "intervenir el mercado de la información inmobiliaria". "No vamos a permitir que se use la vivienda como excusa para manipular la información o imponerle filtros ideológicos", asegura Ayuso en el texto.
Cuatro asuntos del orden del día judicializados
La carta viene a refrendar el clima de choque con que Madrid acude a la cita en el palacio de Pedralbes. Una circunstancia que ha tenido uno de sus pulsos en la pugna planteada, no solo desde Madrid, sino de manera coordinada por todas las comunidades gobernadas por el PP, en torno al orden del día de la conferencia. Los gobiernos populares, con Madrid al frente, llegaron a amagar con no acudir si no se incluían cuestiones como el modelo energético a raíz del apagón del pasado 28 de octubre o la situación de las infraestructuras ferroviarias.
En la propuesta de temas se anticipaba el enfrentamiento. De hecho, de los 16 puntos que finalmente se han incluido, cuatro se refieren a asuntos por los que la Comunidad de Madrid está litigando contra el Gobierno central. El primero de ellos es la financiación autonómica, con la cuestión asociada de la condonación de deuda autonómica acordada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 26 de febrero. Rocío Albert, la consejera de Economía y Hacienda madrileña, ejerció de portavoz de los consejeros populares que se levantaron de la mesa en aquella reunión. Dos meses después, a finales de abril, la Comunidad de Madrid interpuso un recurso contra el acuerdo ante la Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional.
Otro de ellos es, precisamente, la vivienda. El gobierno madrileño recurrió la Ley estatal de vivienda ante el Tribunal Constitucional, un recurso aún pendiente de resolución.
La inclusión en el orden del día de la inmigración y el "indelegable" control de fronteras ha sido uno de los mayores empeños populares. En ese sentido, la Comunidad de Madrid ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el decreto sobre reparto de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas cuando en una de ellas se declare la contingencia migratoria extraordinaria. El órgano de garantías admitió a trámite a finales de abril el recurso madrileño.
Finalmente, las comunidades populares lograron imponer también que en Pedralbes se aborde la situación de la justicia. En concreto plantean la retirada de los proyectos de ley de reforma del acceso a la carrera judicial y del estatuto fiscal, proyectos que Ayuso suele señalar como intento del Gobierno de imponer "una justicia popular". En materia de tribunales, su gobierno acaba de llevar al Supremo la Ley de Eficiencia de la Justicia, la conocida como ley Bolaños, para evaluar el coste de su adopción. Esta misma semana el portavoz del gobierno regional, Miguel Ángel García, informaba de la admisión a trámite del recurso por parte del alto tribunal
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