La 'Comisión Beboña' de la Asamblea de Madrid llega a la conclusión de que hubo "distribución de fondos públicos" en el presidente de Sánchez 'Sra.
Más de seis meses después de que arrancara en la Asamblea de Madrid, la llamada comisión Begoña, que pretendía estudiar el supuesto trato de favor de la Universidad Complutense (UCM) a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha celebrado hoy su última sesión con la aprobación del dictamen presentado por el Grupo Parlamentario Popular. Según el texto aprobado con los votos del propio PP y de Vox, se ha constatado que en la cátedra que codirigía Gómez se cometió un "desvío de fondos públicos" en relación con la participación en reuniones y gestiones relacionadas con la actividad de la cátedra de Cristina Álvarez, asistente de la esposa de Sánchez cuyo puesto está adscrito a Presidencia del Gobierno.
El dictamen aprobado hoy tendrá que ser ahora debatido en el Pleno de la Asamblea. Una vez aprobado en Pleno, la intención del Partido Popular de Madrid es enviarlo a la Fiscalía y al juzgado de instrucción número 41, donde el juez Juan Carlos Peinado investiga las actividades de Gómez.
El PP ha hecho valer su mayoría absoluta, escoltada en este caso por Vox. En su propuesta de conclusiones ahora aprobada el Grupo Popular establece que la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva promovida por Gómez fue creada "de forma anómala, acelerada y dirigida desde el Palacio de La Moncloa". "Todo apunta", continúa el escrito, "a que se trató de una operación diseñada ad hoc para colocar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en una posición académica de prestigio que no le correspondía ni por formación, ni por vinculación laboral con la universidad, ni por experiencia académica".
Se basan para ello en el testimonio de Juan Carlos Doadrio Villarejo, ex vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la UCM, uno de los 17 comparecientes en la comisión, quien testimonió que creó la cátedra por orden del rector, Joaquín Goyache. Doadrio declaró que se vio "obligado" porque la orden venía de su "jefe" pero "no presionado" a hacerlo porque en ningún momento fue "amenazado" ni temió por su cargo. En su declaración aseguró que la creación de la cátedra fue administrativamente regular.
Las conclusiones de los populares también se dirigen contra Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez adscrita a la Administración General del Estado, de quien se apunta que participó en reuniones y eventos relacionados con la actividad de Gómez en la universidad. Cuestión que se entiende como "uso indebido" de recursos del Estado y "desvío de fondos públicos" a destinos distintos de los originales.
En cuanto al desarrollo de un software en la cátedra, la Plataforma Tecnológica de Medición de Impacto, el escrito de conclusiones asegura que su gestión estuvo en manos de Begoña Gómez y su entorno, lo que "apunta a una apropiación de recursos, conocimiento y reputación construidos en el ámbito público para lanzar un proyecto privado en beneficio propio".
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache, anunció que elevaría el dictamen de conclusiones de la comisión de investigación tanto a la Fiscalía como al juzgado donde el juez Peinado investiga a Gómez "por si de ellas se derivase alguna responsabilidad penal". Vox también defiende que el dictamen y el diario de sesiones se traslade a la Fiscalía y al juzgado de instrucción número 41. Para el grupo de ultraderecha, de las comparecencias se desprenden "indicios evidentes" de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación, falsedad documental e intrusismo profesional.
Desde la oposición, en cambio, se ha tachado la investigación de "show" cuando no directamente de "comisión basura". Ha sido la portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, quien ha calificado así la comisión. Su grupo, siempre en contra de que se constituyera, la abandonó. Aunque no han presentado formalmente una propuesta de conclusiones, sí que han difundido "a la opinión pública", un escrito en el que acusan a PP y Vox de "manosear de una manera obscena" la institución. A juicio del PSOE, los comparecientes han dejado claro que no ha existido "ningún tipo de irregularidad". Además, se critica que se llegara a solicitar un informe al Consejo de Estado sobre la obligatoriedad de Pedro Sánchez de acudir a declarar.
Desde Más Madrid, la diputada portavoz en la comisión la ha considerado "infame" y ha acusado al PP de utilizar los impuestos de madrileños y madrileñas (hasta 300.000 euros, según el PSOE) para "atacar políticamente a una persona" mientras se impedía el debate de "cuestiones que preocupan a la comunidad educativa", como la falta de financiación de las universidades públicas.
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