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El sistema de financiación autonómica se ha vuelto a poner sobre la mesa como consecuencia del resultado de las elecciones generales del pasado 23 de julio (23J), en las que partidos nacionalistas y regionalistas pasan a tener un gran protagonismo para la investidura del presidente del Goberno. El modelo de financiación vigente, que se estrenó en 2009, debería haberse revisado en 2014, pero no se ha hecho. El último intento de una reforma se produjo en 2021 a través de una propuesta del ministerio de Hacienda, que abogaba porque la educación y la sanidad pesaran más en la nueva financiación. Pero todo quedó paralizado ante las diferencias entre unas autonomías y otras.
El hecho es que el modelo actual hace que algunas autonomías con más capacidad tributaria (mayores ingresos) acaben quedando muy por debajo cuando se hace el reparto de los recursos. Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) acaba de hacer un análisis de la liquidación del sistema en 2021, que el ministerio de Hacienda publicó la semana pasada. Esta entidad calcula la financiación definitiva de 2021 a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal e introduce ajustes a las cifras oficiales con el fin de hacerlas más comparables entre comunidades. A su vez construye también indicadores de financiación aumentada en los que se incluyen los recursos extraordinarios transferidos por el Estado a las comuidades para hacer frente a la crisis del covid, que incrementan la financiación efectiva total en torno a un 10% pero tienen un efecto mínimo sobre los índices de financiación relativa por habitante ajustado.
A raíz de estos cálculos hay solo tres comunidades que aportan más de lo que reciben. La primera en Madrid, con un saldo negativo, es decir con una aportación por encima de lo que recibe de 6.313 millones. Esta cantidad casi triplica la de la segunda comunidad que percibe menos de lo que aporta, que es Catalunya, con 2.168 millones. La tercera son las Baleares, con un saldo desfavorable de 334 millones.
Las comunidades de menor renta reciben recursos extra que están por encima de sus ingresos tributarios, por un importe de casi 20.000 millones de euros. Una parte de estos proviene del Estado (que aporta casi 11.000 millones de euros) y en parte de las comunidades con mayor renta per cápita (Madrid, Catalunya y Baleares) que aportan otros 8.815 millones.
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Las aportaciones a la nivelación o lo que se podría denominar como solidaridad suponen en torno a un 8% de los ingresos tributarios autonómicos en Baleares, un 9% en Catalunya y un 24% en Madrid. En el lado de las comunidades receptoras, los ingresos por esta vía exceden el 20% de los ingresos tributarios homogéneos en 10 casos y son particularmente importantes en Canarias, donde suponen más de la mitad de los ingresos totales, y en Extremadura. Entre las que son receptoras netas, la Comuitat Valenciana es aquella en la que estos recursos suponen meor proporción de sus ingresos totales, con el 6,18%, según el análisis de Fedea.
Andalucía es que la que mayor saldo neto (recibe más de lo que aporta) tiene, con 4.934 millones. Le siguen Canarias, con 3.683 millones; Galicia, con 2.468 millones; Castilla y León (1.886 millones); Extremadura (1.579 millones); Castilla-La Mancha (1.512 millones); València (782 millones); Murcia (775 millones), Asturias (673 millones); Aragón (498 millones); Cantabria (458 millones) y La Rioja (251 millones).
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