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Fernández (que también es vicepresidenta de Estado) no necesita mirar los datos para saber que tiene que lidiar con un horizonte pospandémico bastante duro. “La desigualdad puede empeorar y es muy difícil de evitar. Estamos en medio de la pandemia y ya sabemos que el número de pobres ha aumentado considerablemente. Antes del Covid, el 27% de los valencianos estaban en riesgo de pobreza. Por tanto, el objetivo es claro: “Nuestro objetivo es hacer de la lucha contra la pobreza una prioridad política después de la pandemia”.

Fernández está acompañado por Virginia Sanchis como vicepresidenta; Gemma Miñarro como secretaria y Ana Tórtola como tesorera. Esa será la dirección durante cuatro años en los que afrontará varios retos. El primero, territorial. “Actualmente, empresas de la Comunidad Valenciana forman parte de la red, pero queremos incidir aún más en esto y unirnos a más asociaciones de Alicante y Castelló”, sugiere.

Otro objetivo es cerrar la brecha digital. “Es uno de los grandes problemas invisibles durante la pandemia”, como lo define Fernández, aunque reconoce que es algo que ya existió pero nunca ha estado tan presente para las familias empobrecidas.

Para Fernández, el problema de las familias es que no tienen ni las herramientas ni los conocimientos. “Es una prioridad al pasar por un proceso, pedir ayuda o recursos, y muchos se quedan fuera porque no tienen los recursos o no saben cómo hacerlo”, dijo. Pero quizás la brecha digital sea más sangrienta en educación. “Hemos visto casos de niños que hacen sus deberes en sus teléfonos celulares o, en algunos casos, ni siquiera tienen datos celulares”, dice. Aunque Fernández reconoce el esfuerzo de la administración autonómica, deja claro que no ha llegado a todos.

“Es cierto que la educación proporcionó miles de tabletas, pero no satisfizo todas las necesidades de los estudiantes. Es un problema complejo y muy importante de resolver. El acceso a la educación debe estar garantizado para todas las personas ”, afirma.

La Renta Vital Mínima (IMV) fue uno de los requisitos históricos de la plataforma, que ahora tiene 15 años, pero el nuevo presidente admite que no cumplió con las expectativas. “El ingreso mínimo vital aún no está listo, tuvo grandes problemas para empezar y de momento no llega a muchas familias en la práctica”, denuncia. En la Comunidad Valenciana se rechaza el 74% de las solicitudes.

El IMV en particular es otro ejemplo del daño que provoca la brecha digital, a la que hay un laberinto burocrático que lleva al rechazo de muchas familias. Según la cuenta, una muestra aleatoria es la obligación de presentar la cuenta de pérdidas y ganancias incluso para los menores de edad que recaudan el impuesto. “Mucha gente no entenderá nada por el idioma o no se enterará directamente porque no se les notifica y terminan sin tener acceso al subsidio, que es un derecho”, dice.

Sin acceso al espacio habitable

La vivienda es otra de las prioridades de la red europea para combatir la pobreza. “Fue el refugio más grande durante la pandemia. La vivienda es importante y se ha demostrado que es el mayor determinante de la salud de las personas. Por tanto, Fernández pide un parque público que se amplíe cada año y una obligación de regular los alquileres, que permita a las familias acceder a una vivienda en determinadas condiciones.

Para Fernández existe un riesgo muy alto de que el sistema cree nuevos pobres. Las mujeres, los jóvenes o los migrantes irregulares han sido los más afectados y los que podrían caer en la pobreza, aumentando aún más la desigualdad. Pese a todo, advierte del peligro de olvidar a los empobrecidos antes de la pandemia y pide medidas políticas “no específicas, sino estructurales”.


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