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Empresarios y sindicatos han instado a la Generalitat a adherirse al convenio, que se da por hecho desde fuentes del Consell y los propios agentes sociales. Precisamente, el documento se firmó ayer en el Palau de la Generalitat y en presencia del presidente Ximo Puig. Según fuentes sindicales, en 2018 la Generalitat Valenciana aprobó el Decreto de Responsabilidad Social, queda pendiente la entrada en vigor del Reglamento de Desarrollo. Se espera que este desarrollo de la ley incorpore este compromiso de la administración para mejorar las condiciones laborales en el sector público.
Diálogo social fluido
Las negociaciones entre la CEV y los sindicatos comenzaron en 2017 pero no se llevaron a cabo. En un momento en el que el diálogo social en la Comunidad Valenciana es más fluido que nunca, supo darle el impulso decisivo. En términos legales, el pacto es de “efecto general” y tiene el mismo peso que un convenio colectivo. Cubrirá precisamente aquellos sectores que no cuentan con este contrato marco, como los adjudicatarios de servicios de mantenimiento, iluminación o tecnologías de la información en hospitales. Por ejemplo.
El documento, que trata diversos aspectos, está dirigido a la Generalitat «que, al ser contratada, adopta e introduce cláusulas que garantizan la estabilidad y calidad del empleo». Según Zulima Pérez, directora general de Diálogo Social, la contratación pública supone alrededor del 20% del PIB nacional, unos 250.000 millones de euros.
El convenio estipula que quedarían excluidos de este traspaso obligatorio los trabajadores con menos de seis meses de antigüedad en el contrato que cambia de manos así como los contratos menores (menos de 15.000 euros), pero desde CC OO afirman que ningún contrato prevé la contratación. del personal se considera insignificante.
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