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El penúltimo capítulo de la polémica que rodea a Isabel Díaz Ayuso por el supuesto delito fiscal por el que ha sido imputada su pareja le ha tocado de lleno. Francisco Martín es como delegado del Gobierno en Madrid responsable de la gestión de la seguridad en la región, pero los dispositivos para la protección de la vivienda de la presidenta no son competencia suya. Sin embargo, desde la Comunidad de Madrid se apuntó en primer lugar directamente en su dirección cuando se señaló que se negaba a poner «24 horas de vigilancia» en la vivienda de la presidenta del Gobierno regional tras los supuestos acosos de periodistas a su vecindario, negados totalmente por los protagonistas. Martín evita, en cualquier caso, pronunciarse sobre la necesidad o no de incrementar los controles alrededor de este piso. «Es una «temeridad dar datos» sobre este asunto, resume, tras censurar el «lamentable señalamiento» de periodistas por parte del jefe de gabinete de Ayuso. La presidenta le advirtió en público hace unos meses que no estaban en política «para ser amiguetes», y el delegado, que entonces no entró al trapo, ha cogido ahora carrerilla: de Sol solo espera «bulos» y de Ayuso, la dimisión.
Del caso Koldo sintetiza que a su partido le «asquea la corrupción» y que, de momento, las responsabilidades políticas ya se han adoptado con la expulsión de José Luis Ábalos.
La entrevista se realiza antes de conocerse la imputación de la pareja de la presidenta, pero contesta por teléfono sobre este extremo justo después de conocerse la noticia.
Acaban de imputar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. ¿Afecta eso de alguna manera al Gobierno de la Comunidad de Madrid?
Por supuesto que al Gobierno de la Comunidad de Madrid le afecta tener a una presidenta que, más allá de disfrutar a título lucrativo de unos bienes adquiridos con dinero fraudulento, miente. Y miente reiteradamente. Lo hizo cuando dijo que solo era una inspección de Hacienda cuando este particular ya había reconocido los hechos, y miente cuando sigue avalando un bulo reconocido por su jefe de gabinete. Los madrileños venimos padeciendo una saga de corrupción y despotismo que dura ya veinte años, y necesitamos que termine, por fin, con este episodio de Ayuso.
¿Ayuso es responsable de lo que haya podido hacer su pareja?
Ella es responsable de haber mentido a la ciudadanía. Es responsable de estar enfangado, haciendo señalamientos a otras instituciones del Estado, mezclando poderes y generando confusión. Es responsable de no haber cesado a su jefe de Gabinete todavía, como consecuencia de haber amenazado a un medio de comunicación. Es responsable al menos de esas tres cosas. Es verdad que estamos siendo testigos de una catarata de informaciones que van relacionando los negocios de la pareja de la presidenta con los hospitales Quirón, que es uno de los principales adjudicatarios de la Comunidad de Madrid. Son informaciones que tendrán que ser investigadas y ya veremos si sobre eso también tiene responsabilidades o no la presidenta.
¿Está utilizando el Gobierno de Pedro Sánchez métodos «ilegales» y «chavistas» para cercar a un rival político, como denuncia Ayuso?
Yo creo que trata de distraer a la opinión pública y confundir, porque lo que ha sucedido en estos días es algo muy diferente. Estamos hablando de una denuncia presentada por la Fiscalía alrededor de unos presuntos delitos concretos y de cómo la presidenta de la Comunidad Madrid, cuando fue preguntada por ello, mintió. Mintió descaradamente a toda la ciudadanía. Eso es algo que nada tiene que ver con el fango en el que tratan de confundir a la ciudadanía. Hablar de chavismo es volver a tirar de ese bono que cuando no tienen nada más que decir, pues por supuesto sale Venezuela u otros que tienen costumbre de utilizar, es su comodín.
La Fiscalía ha cometido algún delito al publicar parte de las conversaciones entre un abogado y un particular? Los abogados madrileños denuncian revelación de secretos.
La Fiscalía ha emitido una nota de prensa en la que confirmó unas informaciones, nada más. Lo que, en cambio, sí que creo que está haciendo el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) es desprestigiar un tanto la institución. Lo hacen porque su misión es representar a sus colegiados en sus intereses profesionales y ni siquiera el abogado de la persona implicada se va a personar en la causa, pero de repente el ICAM anuncia su personación para defender los intereses de este señor y de los que tiene alrededor (por Ayuso). El servilismo alrededor de los poderosos no debiera realizarse y creo que quien quiera tener un abogado pues que se lo pague o si no que tenga el del turno de oficio, que no pasa nada.
Esta semana se han presentado algunos datos sobre la seguridad en Madrid: se ha incrementado el número de denuncias por agresión sexual en Madrid un 90% y un 7% los delitos asociados a la violencia de género. ¿Qué hace la Delegación para ayudar a las mujeres, que son quienes sufren estos delitos?
Tenemos como eje prioritario de nuestra acción la lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres y muy en particular por la lucha contra la violencia de género, por fortalecer todos los recursos del sistema. ¿Esto en qué se materializa? El otro día pudimos inaugurar por primera vez los puntos violeta en las sedes del SEPE, el Servicio Estatal Público de Empleo, que implica dar formación a los funcionarios y funcionarias encargados de dar una recepción, de hablar directamente con la ciudadanía, para estar capacitados para que si alguna mujer o alguien considera que puede estar en una condición de violencia de género o conocer algún caso, pueda comunicarlo allí y ser adecuadamente canalizado. Este es un ejemplo. Pero también convertir cada ventanilla al público de la Delegación en puntos violeta.
¿Y el sistema VioGen, funciona?
Esta es otra línea más ambiciosa para trabajar junto a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, para que la Policía Nacional o la Guardia Civil trabajen de manera coordinada en todos los ayuntamientos de la región, compartiendo la información, y distribuyendo el trabajo de tal manera que las mujeres cuenten con todos los instrumentos de los que disponemos para su protección y su seguridad. Es un trabajo de colaboración con ayuntamientos de todo color político y nuestro objetivo es que para dentro de un año, el 100% de las mujeres de la comunidad de Madrid cuenten con el protocolo VioGen en su ámbito activo. (En estos momentos solo una treintena de los 179 municipios de la región se han adherido a este sistema).
¿Además del protocolo, es necesario un incremento de agentes para mejorar la seguridad?
La región de Madrid es una región extraordinariamente segura y también lo es la ciudad de Madrid en términos de criminalidad convencional, que se está reduciendo por tercer año consecutivo, tanto en la región como la ciudad. Eso es un buen dato. También se está incrementando la eficacia policial en términos de esclarecimiento de los delitos cometidos, en el número de detenidos. Eso son buenas noticias. En el ámbito de las bandas juveniles se han logrado buenos resultados gracias a un esfuerzo muy intenso a lo largo de dos años, desde que se implementó un plan de choque. Pero hay otros ámbitos que nos preocupan y en los que creo que es preciso hacer mayores esfuerzos, como en el ámbito de los delitos contra la libertad sexual, agresiones sexuales y delitos asociados a la violencia de género y también los delitos de odio, que desafortunadamente se han visto incrementados de una manera notable en este último año, fundamentalmente los asociados al racismo, que es algo que nos preocupa.
En relación con esto último, ¿han detectado si la llegada de inmigrantes a los distintos campamentos situados en la Comunidad de Madrid desde las pasadas navidades ha provocado un incremento de estos delitos de odio?
Lo que puede repercutir en el incremento del racismo es que haya mensajes que vinculen sin fundamento ninguno la migración con la inseguridad, como hemos constatado en la Comunidad de Madrid en los últimos meses por parte de la presidenta Díaz Ayuso. Y también, por supuesto, por la ultraderecha. Creo que no hay nada que lo fundamente. Absolutamente nada. Muy al contrario. La Comunidad de Madrid, la ciudad de Madrid, la ciudad de Alcalá de Henares son ciudades que están acogiendo de una manera extraordinaria. No está habiendo alrededor de los migrantes absolutamente ningún hecho delictivo de ningún tipo que justifique, como hizo la presidenta de la Comunidad Madrid, llevarse un Consejo de Gobierno a Alcalá de Henares para denunciar una situación de inseguridad o, como hizo en su momento la alcaldesa de Alcalá, que simplemente con el anuncio de que se iba a acondicionar un acuartelamiento dos meses después para que llegaran migrantes, inmediatamente convocó una junta local de seguridad extraordinaria. Esa vinculación inmediata que les sale, sí que puede provocar que en cierta parte de la ciudadanía se genere cierta preocupación ante la migración y, por lo tanto, racismo. Racismo expresado en casos extremos y en esos delitos que hemos visto incrementarse.
Volviendo al protocolo VioGen, ¿cuál es el escollo para que este convenio esté caducado en Madrid capital y no se alcance un acuerdo?
Desde hace unos meses estamos en conversaciones intensas con el Ayuntamiento de Madrid y soy optimista. Yo creo que la voluntad y el compromiso del Ayuntamiento y de su alcalde con la lucha contra la violencia de género es firme. Creo que en esto vamos a ser capaces de encontrarnos desde la generosidad, la complicidad y el compromiso de los dos cuerpos policiales implicados.
¿Percibe más colaboración del Ayuntamiento de Madrid que del Gobierno de la Comunidad de Madrid?
Con el Ayuntamiento de Madrid hemos tenido ocasión de tratar diversas cuestiones que van evolucionando bien y con la Comunidad de Madrid, pues tenemos, digamos, una situación un tanto más irregular. Es verdad que con algunos consejeros sí estamos pudiendo trabajar, pero ya saben que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido hacer dejación absoluta de sus responsabilidades y no sentarse con el representante del Gobierno de España a la Comunidad de Madrid para abordar muchos de los temas que tenemos pendientes. Pero nos hemos encontrado con un portazo. Es un error mayúsculo que contrasta con la actitud que otros presidentes autonómicos del PP están teniendo en otras comunidades en las que se reúnen con total normalidad con la Delegación del Gobierno.
¿Es reconciliable esta relación?
Yo voy a trabajar para que así sea. Lo llevo planteando desde hace un año prácticamente, desde que tomé posesión como delegado de Gobierno y por mi parte voy a seguir en esa línea.
El Gobierno acaba de convocar al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para instarle a negociar la modificación de la ley trans y contra la LGTBIfobia autonómicas. ¿Por qué cree el Gobierno de Ayuso va a modificar estas leyes que precisamente aprobó para intentar neutralizar las nacionales?
Hay algunos elementos que son susceptibles de inconstitucionalidad. Queremos explicarles cuál es nuestro punto de vista, buscar un acuerdo para no tener que presentar un recurso de inconstitucionalidad. Yo creo que es una magnífica declaración de intenciones de cómo el Gobierno de España, antes de presentar ese recurso -no sé cuántas cosas habrá recurrido la señora Díaz Ayuso del Gobierno de España- quiere al menos explorar esa vía del entendimiento. Creo que esa es una dinámica positiva.
Ley de Amnistía. ¿Cómo explica a los ciudadanos que los letrados de Congreso y Senado tengan opiniones tan dispares sobre una misma ley?
Respeto absolutamente las visiones y las interpretaciones jurídicas de los letrados de las Cortes Generales. Yo creo que no hay una lectura homogénea. Pero en el Congreso de los Diputados se ha posibilitado la tramitación de una ley, se ha aprobado una ley con una mayoría suficiente, que ahora tiene que ser tramitada con normalidad en el Senado. No hay razón para ningún boicot político como el que se ha anunciado por parte del PP en el Senado a esta Ley de Amnistía. Si no es aprobada tal y como ha llegado del Congreso, pues volverá al Congreso, donde culminará la tramitación. Yo creo que la normalidad democrática y la riqueza democrática está en que las Cortes Generales también actúen dentro de la ley y actúen dentro de los procedimientos. Después, si fuera el caso, ya vendrán las instituciones judiciales a valorar posibles recursos que se puedan interponer. Todas esas valoraciones que escuchábamos de ilegalidad, de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, incluso antes de conocer los textos, ya nos señalaban el camino por el que nos íbamos a adentrar. Hay que ser mucho más serio y respetuosos.
El Gobierno argumenta que la ley de amnistía busca la reconciliación, pero tiene la oposición total de la derecha, personificada especialmente en Isabel Díaz Ayuso. ¿Cree que en Madrid esta ley puede tener el efecto contrario y derivar en un ambiente más tenso en la región una vez que se apruebe definitivamente?
Yo al PP de la Comunidad de Madrid le he visto salir a la calle en contra del matrimonio igualitario, en contra del aborto, en contra de la negociación y la búsqueda del fin del terrorismo, en contra de los indultos. Ahora salir a la calle en contra de amnistía. Estoy convencido de que dentro de poco, en unos meses, en unos años, nos encontraremos, como en tantas otras ocasiones, al PP reconociendo, teniendo que reconocer que esta ley fue útil, sirvió e incluso, seguro, que dentro de dos años les vemos haciéndosela propia.
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