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La juez Inmaculada Iglesias, titular del Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid, ha incoado diligencias previas por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y un presunto delito de falsedad en documento mercantil contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso, y otras cuatro personas, tras la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal.
Según esta denuncia, a la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente SL, de la que es administrador único el empresario González Amador, se le atribuye indiciariamente un fraude de 350.951 euros en relación con el impuesto de sociedades de 2020 y 2021 a través de un entramado de facturaciones falsas y sociedades interpuestas. La investigación se centra en las citadas facturas, que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
El auto de la juez, que tiene fecha del pasado 20 de marzo, ordena citar en calidad de investigados a González Amador, y también a otras personas que habrían participado en la misma «operativa defraudatoria» según el relato del fiscal. Se trata de Maximiliano Eduardo Niederer, David Herrera, Agustín y José Miguel Carrillo, aunque la resolución no fija la fecha de la comparecencia de ninguno de ellos.
También se llamará al juzgado a las dos inspectoras de Hacienda que participaron en este expediente en calidad de peritos, tal y como solicitaba el fiscal del caso, «a fin de ratificar o aclarar sus informes».
Polémica por la filtración del pacto
La apertura de la investigación judicial permitirá, según señala la ley, que pueda formalizarse un pacto entre la Fiscalía y los investigados dirigido a reducir las condenas, que exige en todo caso el reconocimiento de los delitos por parte de los investigados. La filtración de los correos electrónicos sobre una negociación previa en este sentido, entre la Fiscalía de Madrid y el abogado de González Amador, ha creado toda una polémica y dado lugar incluso a una nueva causa judicial.
De hecho, el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, presentó este miércoles denuncia contra «ignorados miembros del Ministerio Fiscal» por presuntos delitos de revelación de secretos cometidos al difundir la Fiscalía Provincial una «nota informativa» en la que se daba cuenta del ofrecimiento de este pacto.
En su resolución, la juez razona que, supuestamente, y «como consecuencia de estas conductas defraudatorias,» el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros – 350.951 euros en total- delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal’. La acción se dirige igualmente contra Maxwell Cremona y otras empresas implicadas «como responsables civiles subsidiarios».
Añade que «no estando determinadas la naturaleza y circunstancias» de los hechos denunciados ni las personas que en ellos han intervenido» debe acordarse la incoación de estas diligencias previas y practicar «las esenciales», que por el momento coinciden con las solicitadas por la Fiscalía de Madrid.
Informe de la Agencia Tributaria
La resolución también hace mención al informe de la Agencia Tributaria, donde se pone de manifiesto que Maxwell Cremona «registró un incremento de sus ingresos de actividad» durante 2020 y 2021, con»en ocasión de la intermediación en una operación de venta de material sanitario y la percepción de unos «ingresos cuantiosos facturados a su principal cliente desde hace unos años Quirón Prevención S.L.» Para minorar la tributación, la operativa seguida sería la de deducir gastos ficticios al amparo de facturas falsas, «puesto que no se han producido las operaciones comerciales referidas a los conceptos facturados».
Se trataría, según Hacienda, de «comportamientos mendaces» con el objeto de «reducir e incluso neutralizar íntegramente dicha tributación». Por otro lado, de las actuaciones de comprobación llevadas a cabo por la Agencia Tributaria se detectó que las facturas que no se corresponden con los servicios realmente prestados fueron giradas por las otras mercantiles también investigadas.
Se cita igualmente la denuncia fiscal, que detalla que las facturas sospechosas fueron giradas por las mercantiles MKE Manufacturing SA de CV, Gayani LTD, Púrpura Star SL, Baluarte Desarrollo de Centro Especial de Empleo SL, Desarrollo de CEE El Manantial SL, Bianconera Spa SL y Ginmosur SL.
Así el ejercicio 2020, Maxwell se dedujo la factura por importe de 620.000 euros emitida por la sociedad mexicana Mke Manufacturing SA de CV en la que actuaba como representante Maximiliano Eduardo Niederer, y que no habría realizado ningún servicio a Maxwell. El escrito detalla una operativa similar respecto de otras 14 facturas emitidas por el resto de sociedades citadas en el escrito de la Fiscalía, cuyos representantes son el resto de denunciados.
En cuanto al ejercicio 2021, la denuncia detalla Maxwell Cremona facturó algunos de sus servicios a su principal cliente Quiron Salud, haciéndolo a través de la empresa Masterman & Whitaker SL, de la que es socio único y administrador Alberto González Amador. Dicha empresa carece de medios materiales para prestar esos servicios, los cuales se prestaban con medios de Maxwell Cremona, buscando Alberto González con esa conducta un ahorro fiscal al trasladar parte la actividad a una sociedad vinculada con él, con la finalidad de generar bases imponibles negativas en Masterman&Whitaker SL a compensar en el futuro con los beneficios que aquella pudiera obtener.
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