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El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está decidido a levantar el estado de alerta el 9 de mayo y se opone a las presiones de municipios y partidos, incluidos algunos de sus socios, para ampliarlo o aprobar nuevas medidas que actúen como paraguas legal para posibles restricciones. atender .

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Sánchez ha reiterado durante las últimas semanas que las decisiones del ejecutivo ante la pandemia de coronavirus se basan en la evolución de los datos y que los datos actuales y previsiones a dos semanas avalan la intención de que el estado de alarma esté llegando a su fin. .

“No hay componente electoral en esta decisión y el presidente seguirá pensando lo mismo antes y después de las elecciones del 4 de mayo en Madrid”, dijeron a Efe fuentes del Gobierno, en medio de sospechas de la oposición de que su negativa a extender la alarma será diferente tras estas elecciones. no se lleva a cabo.

La única posibilidad de que cambie de opinión provendría de un deterioro repentino de los datos que no creen que sean predecibles.

ESQUERRA SE UNE AL PP

El propio Sánchez dijo en rueda de prensa en Andorra esta semana que todo indica que incluye la curva de contagio, a lo que añadió una tasa de vacunación creciente que asegurará la meta de que el 70 por ciento de la población esté vacunada en agosto.

Con la alarma al acecho, municipios como el País Vasco han pedido una prórroga, creyendo que se trata de una “crueldad” en palabras del portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.

El PP está de acuerdo con la conclusión de esta derogación, pero cree que una vez completada, deberían existir los instrumentos suficientes para permitir que las autonomías con garantías introduzcan algunas restricciones.

Es por ello que el Líder Popular, Pablo Casado, defiende la aprobación de lo que él denomina Plan Legal B, mediante un anteproyecto de ley destinado a reformar la Ley de Salud Pública de 1986 para que se pueda restringir la movilidad sin el estado de alarma para determinar.

Una iniciativa que fue derrocada por el Congreso el pasado mes de noviembre y rechazada, entre otros, el PSOE, Unidos Podemos, Vox y ERC.

La situación es diferente ahora y algunos socios del gobierno se están acercando al enfoque del PP.

Esquerra lo ve positivamente por boca de su presidente parlamentario Gabriel Rufián y otras formaciones como Compromís, EH Bildu, PDeCAT y Más País.

El gobierno no está de acuerdo, y tanto Sánchez como la ministra de Salud, Carolina Darias, y la secretaria de Hacienda y portavoz ejecutiva, María Jesús Montero, han reiterado en los últimos días que las comunidades ya cuentan con herramientas suficientes para enfrentar esto con la situación y no necesitan nuevos instrumentos legales.

El hecho de que existan socios gubernamentales dispuestos a apoyar su plan ha llevado a Casado a ver esta situación como un golpe para el Ejecutivo.

Al mismo tiempo, sospechan en el PP que Sánchez mantendrá su decisión de hacer sonar la alarma hasta el final ya que creen que no se debe cerrar la puerta para cambiar de criterio después de que los madrileños el 4 de mayo cinco, salieran a las urnas. días antes de la fecha prevista para el final de esta medida.

NO A LA CONFERENCIA DE UN PRESIDENTE

La negativa del gobierno a aprobar un plan alternativo se extiende a otra petición del PP y de algunos municipios: la convocatoria de una conferencia de presidentes por Sánchez y los máximos responsables autonómicos para discutir la situación antes de dar la alarma.

La Moncloa se opone a ello porque considera que el foro adecuado de debate entre el gobierno central y el gobierno regional es el consejo interterritorial, que se reúne todas las semanas.

“El Consejo Interterritorial es el instrumento de cogobernanza que nos hemos dado para el estado de alarma y para todo lo que venga del 9 de mayo. Ese”, dijo Sánchez esta semana, “es el espacio en el que un técnico y político, hay que decidir la acción a tomar “.

Es decir, el gobierno pretende seguir la hoja de ruta que ya se ha elaborado sin tener en cuenta las demandas del PP por considerar que este partido está “involucrado” en el estado de alerta.

Una acusación de María Jesús Montero tras la última reunión del Consejo de Ministros, a la que añadió que el partido de Casado “no sabe lo que quiere”.

Con esto en mente, fuentes gubernamentales confirman que tienen claros sus objetivos e insisten en que en quince días sonará la alarma si los datos de la epidemia no dan un giro brusco.

Y esta semana repiten algunas de las palabras del ministro Darías en la sesión de control del pleno del Congreso: “Estamos en una situación excepcional que no puede ser permanente”.




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