PAMPLONA, 6 de julio (EUROPA PRESS) –

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Política Territorial y Funciones Públicas, aprobó este martes el Real Decreto por el que se formaliza el traspaso de las funciones y servicios sanitarios penitenciarios a Navarra.

El primer acuerdo entre el gobierno español y el de Navarra se alcanzó el 2 de junio en la Junta de Transmisiones.

Con la aprobación del Real Decreto, a partir del 1 de agosto, la Comunidad Autónoma ejercerá, dentro de su ámbito territorial y para el Centro Penitenciario ubicado en Pamplona, ​​las funciones sanitarias (incluidas las médico-legales) que se recogen en la Ley Penitenciaria.

Este ejercicio debe garantizar los derechos de los internos como usuarios de los servicios de salud, el acceso a los recursos de salud para este colectivo, la calidad de los servicios de salud en los centros de detención y la igualdad de acceso.

La coordinación general de la atención de salud en los centros penitenciarios seguirá siendo realizada por la administración estatal en el contexto de asegurar la igualdad de oportunidades y calidad en el acceso a los servicios de la cartera de servicios de salud en los centros penitenciarios y la elaboración de estadísticas para fines estatales en el campo de la salud penitenciaria.

Para asegurar la coordinación del ejercicio de sus respectivas funciones en el ámbito penitenciario, el Ministerio del Interior y el departamento competente del Gobierno de Navarra establecerán una comisión de coordinación del centro penitenciario y una comisión de supervisión técnica.

El convenio también prevé el traslado de diez funcionarios y trabajadores adscritos a la Secretaría General de Prisiones a la comunidad regional.

Finalmente, de acuerdo con la normativa reguladora de los convenios económicos entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, este convenio incluye la liquidación de las tasas de transferencia a nivel nacional por importe de 131.339.227,17 euros.

A este importe se le aplica actualmente un tipo de crédito del 1,6%, por lo que la Comunidad Autónoma reducirá su aportación a la financiación de los tributos de las Administraciones Públicas que no hayan sido asumidos en 2.101.427,63 euros.

Junto con Navarra, este concurso hasta ahora solo ha sido aceptado por Cataluña y el País Vasco bajo petición.


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