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La existencia de negociaciones entre Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la Fiscalía de Madrid para un posible acuerdo en relación con los delitos fiscales por los que ha sido denunciado -el impago de 350.000 euros en el impuesto de sociedades de una de sus empresas- ha trascendido a última hora de este miércoles con dos versiones contrapuestas. Mientras La Comunidad asegura que el fiscal ofreció un pacto a la pareja de Ayuso y después “le prohibieron cerrarlo”, fuentes conocedoras de esta negociaciones explican que el ofrecimiento partió de la defensa del empresario, y que hasta la incoación de la causa por un juez no se puede formalizar acuerdo alguno.
Desde la Comunidad de Madrid denuncian que el fiscal que lleva el caso, Julián Salto Torres, ofreció un acuerdo a Alberto González Amador a las 8.50 del pasado martes,tras saltar el caso a los medios de comunicación, pero que poco después esta propuesta fue retirada. Según fuentes cercanas a la presidenta madrileña, alguien «prohibió» al fiscal continuar con la negociación.
Este diario ha tenido acceso al mail que el fiscal Julián Salto Torres envió al abogado del denunciado, en el que el representante del Ministerio Público anuncia que adjunta copia de la denuncia presentada el día 5 de marzo contra la sociedad Maxwell Cremona «para facilitarle el derecho de defensa». «Supongo que hasta dentro de dos meses no tendremos el juzgado encargado del asunto», añade la misiva, que concluye señalando que aunque también se ha denunciado a otras personas, «ello no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo» si González Amador y su abogado «lo estiman posible».
El acuerdo, según ha adelantado el diario El Mundo, consistía en admitir su culpabilidad en la comisión de dos delitos fiscales contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental a cambio de que la pena de cárcel de entre uno y cuatro años que conllevan estos delitos según el Código Penal, quede sin efecto, aunque eso no evitaría la multa que también conlleva el delito. Fuentes de la Comunidad de Madrid sostienen que «desde arriba» le prohibieron al fiscal seguir adelante con la propuesta inicial para cerrar el caso.
La versión obtenida por este diario de fuentes del caso de lo que ocurrió respecto de un posible acuerdo es diferente. Así, estas fuentes señalan que el ofrecimiento, como afirman que es habitual en estos casos, partió del abogado del empresario, que según La Sexta es un experto en estos asuntos, el letrado Carlos Neira. La respuesta del fiscal obedecería a la necesidad de que un asunto esté ya judicializado para que pueda llegarse a un acuerdo, según las mismas fuentes.
Sin denuncia no puede haber pacto
Juristas expertos en este tipo de acuerdos consultados por este diario señalan que la Fiscalía no es la que suele dar el primer paso, y menos aún en una fase tan temprana del procedimiento. Aunque no es común que estos asuntos se solventen vía mail, la realidad es que «hasta la incoación de la causa no se puede firmar nada».
Las mismas fuentes apuntan al artículo 305.6 del Código Penal, que señala que «los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado tributario o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado, satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos».
Desde el entorno de la presidenta de Madrid insisten en que lo ocurrido «es turbio y feo», en línea con el argumento que ha lanzado Ayuso este miércoles de que Sánchez busca destruirla, acusándole de utilizar «todos los poderes del estado contra una persona anónima» como su pareja con una «inspección salvaje». Fuentes de la Comunidad han señalado también a este medio que González Amador ya ha pagado los 350.000 euros que le pedía el fisco. Poco antes, la presidenta explicaba ante los medios que «es falso que él deba dinero a Hacienda» y ha defendido que «es Hacienda la que le debe casi 600.000 euros a él».
Esta cantidad que González Amador reclama, según Ayuso, se corresponde al dinero que Hacienda le debe una vez que él entiende que a regularizado su situación al abonar esos 350.000 euros, y le suma los «intereses» generados por esa cantidad. En el entorno de la presidenta se preguntaban esta mañana «por qué se eleva (la denuncia) a la fiscalía en vez de archivarse el expediente con el pago». Sin embargo, si la cantidad defraudada se abonó después de que la Agencia Tributaria hubiera notificado el inicio de las actuaciones de su inspección, que según la denuncia comenzó el 12 de mayo de 2022, Hacienda está obligada a presentar denuncia por delito fiscal, según un experto en tributación consultado por este medio.
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