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El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación, aprobó este martes el convenio por el que se aprueba la propuesta de reparto de más de 680 millones de euros a las comunidades autónomas para la formación profesional para el empleo. En total, el ministerio distribuirá 683.249.680 euros, unos 80 millones más que en 2020, es decir, un 13,18% más, de los que Castilla-La Mancha recibirá más de 34 millones.

De estos más de 680 millones, 548,7 millones se dedicarán a la formación de desempleados. unos 115 millones para la formación de trabajadores; y 19,5 millones adicionales para programas específicos puestos en marcha por las comunidades autónomas para trabajadores ocupados y desempleados.

Para iniciativas de formación profesional para el empleo dirigidas principalmente a desempleados, Castilla-La Mancha 27.557.288,06 euros; La región recibe 5.772.498,19 euros para quienes recurren a empleados y 982.779,64 euros para medidas de formación profesional para el empleo, que se colocan de forma extraordinaria a través de la red pública de centros de formación.

La distribución de estos fondos deberá ser aprobada en la Jornada Sectorial del Sistema de Competencias y Formación para el Empleo de la tarde del martes y en el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, que se reúne este miércoles.

El acuerdo del Consejo de Ministros establece que ninguna comunidad autónoma recibirá una cantidad inferior en 2021 que en 2020, y no se incluirán en este reparto las medidas financiadas con préstamos del Servicio Público de Empleo del Estado.

Por su parte, los municipios se comprometen a implementar las medidas entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2022. Estos deben estar orientados a las necesidades del mercado laboral en relación con las medidas asociadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones, i. H. para la formación para un empleo digno de crédito.

Primeras medidas en la formación de empleados

Como destaca el departamento que dirige Isabel Celaá, Esta es una de las primeras medidas para formar a los desempleados y a los trabajadores, ya que el Ministerio asumió las responsabilidades de la formación profesional para el empleo en 2020.

“Con esta adquisición de competencias se da un paso más en la integración de la formación profesional en el sistema educativo y la formación profesional para el empleo en un único sistema con el fin de evitar la duplicación de trabajo y acelerar la planificación de las oportunidades formativas de los estudiantes, los trabajadores de cuello y los desempleados ”, afirma el ministerio.

Este nuevo sistema integrado, que se consolidará con la nueva Ley de Formación Profesional, que se encuentra en fase de elaboración, acompaña a las personas en su formación a lo largo de su vida.

Nuevas cualificaciones profesionales

Por otro lado, a propuesta del Ministerio, el Consejo de Ministros adoptó el Real Decreto por el que se establecieron 14 nuevas cualificaciones profesionales para familias agrarias. Comercio y marketing; Energía y agua; Hostelería y turismo; Instalación y mantenimiento; Madera, muebles y corcho; La pesca marítima y el transporte y mantenimiento de vehículos incluidos en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. También se actualizan otras 11 calificaciones.

Estas actualizaciones y nuevas cualificaciones forman parte del plan de modernización de la formación profesional elaborado por el Ministerio, que tiene como objetivo, entre otros, adecuar la oferta formativa y actualizarla a las necesidades de competencias de los sectores productivos.

Con las aprobadas este martes, se suman 687 titulaciones al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Los cuatro retos de la formación profesional en España

Como se manifestó en una rueda de prensa posterior al Consejo Ministerial de la Ministra de Educación y la FP, Isabel Celaá, Desde el gobierno y el ministerio pretenden acometer “una gran transformación y modernización de la formación profesional”.

Para ello, el Gobierno abordará los cuatro retos estructurales que, según el ministro, tiene la formación profesional en España.

El primer desafío para la EFP es el “elevado” número de personas que no cuentan con una acreditación formal de sus propias competencias profesionales, hasta el 48% de la población activa, es decir, alrededor de 11 millones de trabajadores.

En segundo lugar, Celaá recuerda el “desequilibrio” de los niveles de cualificación en relación con las necesidades del mercado laboral, por lo que, según el ministro, el número de ciudadanos con tan sólo una primera titulación debe “reducirse drásticamente”. “Necesitamos asegurarnos de que pasen a calificaciones intermedias, ya que en Europa en 2025 el 50% de los trabajos ofertados requerirán una oferta intermedia”, dice.

El ministro también ha destacado el déficit de tiempo de formación en España de 17 horas de media cuando llega a las 50 horas en otros países europeos como Alemania. A) si Celaá El objetivo es incrementar el número de horas de formación de los empleados.

Por último, la ministra aboga por incrementar el número de plazas en formación profesional, ya que la mitad de los estudiantes en España están matriculados por encima de la media europea (12% frente al 25% en la UE).


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